CSIF-A lamenta que la nueva Ley Universitaria "no afronte de lleno la precariedad del profesorado"

La organización emplaza a la Junta de Andalucía a que establezca un horizonte de incremento presupuestario que tenga como referencia, como mínimo, el 1 % del PIB

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la educación pública andaluza, ha lamentado que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) no afronte de lleno la precariedad laboral del profesorado sustituto, al tiempo que ha reclamado que la nueva norma vaya acompañada de un compromiso de financiación suficiente por parte de la Junta de Andalucía.

Para CSIF es “incomprensible” que el texto aprobado este miércoles en el Parlamento de Andalucía no incluya mejoras para el profesorado sustituto pese al papel tan relevante que juega en el día a día de las instituciones académicas, ya que “estos profesionales garantizan que la docencia se mantenga en situaciones de bajas o permisos de los profesores de plantilla”. La Central Sindical ha señalado que esta figura docente “no puede ser la doble puerta de la precariedad, pues, por un lado, asume docencia completa y, por otro, se le considera profesorado de segundo nivel cuando hablamos en términos retributivos y de reconocimiento”.

En este sentido, la vicepresidenta y responsable autonómica de universidades de CSIF Educación Andalucía, Beatriz Hortigón, ha criticado que la LUPA “haya hecho caso omiso a las reivindicaciones de nuestra organización y no incluya “medidas claras para dignificar los contratos de este profesorado”. Además, ha señalado que la ley tampoco incorpora, como sugirió CSIF, la remuneración de horas extraordinarias para el Personal Docente e Investigador (PDI) que voluntariamente asuma docencia por encima de su encargo para el curso académico en cuestión cuando se produzca una necesidad docente urgente e inaplazable, medida que ayudaría a reducir la contratación de profesorado sustituto a tiempo parcial.

Por otro lado, Hortigón ha querido reconocer que la LUPA incluya la creación de la figura de profesor ayudante. La dirigente sindical ha calificado esta medida como “muy positiva”, ya que se plantea como una herramienta clave para la incorporación del personal joven a las instituciones académicas y que contribuirá a impedir la fuga de talento; asimismo, ha valorado que la LUPA recoja las sugerencias realizadas por CSIF en el sentido de que esta nueva figura estuviera orientada a cubrir las necesidades de las áreas de conocimiento con déficit docente, así como que la duración de los contratos se asemejara a la de los investigadores predoctorales siendo de cuatro años y no de tres como inicialmente estaba previsto en la ley.

Para CSIF, la LUPA viene a reforzar el Sistema Universitario Andaluz y a actualizarlo a la ley nacional en este ámbito, la LOSU, lo que debe ser aprovechado para acercar las instituciones académicas a los estándares europeos en calidad y en financiación. Por este motivo, el sindicato ha reclamado que la implementación de la norma andaluza venga acompañada de un horizonte de incremento presupuestario que tenga como referencia, como mínimo, el 1% del PIB y que permita reducir la precariedad del personal y mejorar infraestructuras y servicios. La dirigente sindical ha manifestado que “no queremos que la escasez de recursos concluya en una reducción de las plazas ofertadas en las titulaciones de las universidades públicas andaluzas, generando así una fuga masiva del alumnado, en la mayoría de los casos obligada, a las universidades privadas”.

En relación a este tema, CSIF ya mostró en 2024 su rechazo a la proliferación de centros privados cuando se autorizaron dos nuevas universidades privadas en Andalucía. Según Hortigón, “mientras estas multiplican su facturación y el volumen de alumnado, las universidades públicas siguen teniendo graves problemas de financiación, falta de recursos y precariedad en las plantillas docentes e investigadoras, problemas estructurales a los que la LUPA no da solución”. Para CSIF, la implementación de nuevos títulos para las universidades privadas no puede responder únicamente a criterios de rentabilidad económica de estas empresas, por lo que hay que anteponer los intereses de la sociedad y evitar duplicidades de titulaciones.

Por último, la dirigente sindical ha destacado como la nueva ley andaluza permitirá la incorporación de CSIF a los consejos sociales de las universidades públicas andaluzas y, de este modo, “podamos llevar a estos órganos el sentir de miles de profesionales que han depositado su confianza en esta organización para defender y mejorar sus derechos y condiciones laborales, siempre desde el rigor y la independencia que le caracteriza”.