Junta y TSJA reclaman que Andalucía necesita 158 jueces frente a los 95 anunciados por el Ministerio
La Junta ha analizado en la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia para crear 500 plazas de jueces en España, que prevé destinar 95 a Andalucía. Una cifra "muy alejada" de las 158 que tanto el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, como el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, consideran que necesita la comunidad ante las "carencias históricas", sobre todo, tras un año en el que el Gobierno central no creó ninguna plaza para la comunidad. Además, ambos han cuestionado el sistema para garantizar que las plazas anunciadas se cubran.
El pasado mes de diciembre Junta y TSJA estimaron que Andalucía necesita 158 jueces más, después de que en 2025 el Ministerio de Justicia no creara ninguna plaza para la comunidad, frente a las 60 que sí contempló para Cataluña. Además, los órganos judiciales andaluces arrastran un déficit de años atrás, ya que el Gobierno solo ha creado la mitad de las plazas de jueces que cada año solicita la Comisión Mixta. De hecho, en el proyecto de Real Decreto solo se contemplan 95 plazas para la comunidad del total de 500 para toda España. "Nos gustaría saber qué criterio ha seguido el Gobierno, porque hay comunidades con menos población y litigiosidad que Andalucía para las que se prevé un número de jueces proporcionalmente superior", ha señalado el consejero, a quien le preocupa que "no se trate equitativamente a Andalucía y no se tengan en cuenta nuestras necesidades".
Asimismo, la distribución de las plazas previstas para la comunidad desatiende partidos especialmente saturados, mientras estipula más jueces para otros donde no es tan necesario. De ahí la reunión para analizar las divergencias entre la propuesta estatal y las necesidades reales, conforme a las cargas de trabajo, con el fin de presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto.
Para Nieto, también genera dudas cómo se va a garantizar la provisión de las plazas anunciadas antes del 31 de diciembre de 2026. "Nos tememos que la cobertura de un número importante de esas plazas no se haga por oposición, que es la fórmula más objetiva que garantiza la calidad del servicio público, y que no se cubran las plazas más imprescindibles", ha añadido.
A su juicio, "en lugar de 500 plazas en un ejercicio, sería más sensato 750 en tres años, ya que permitiría crear un sistema de formación de opositores para sacar adelante una oferta de esas dimensiones".
Por su parte, el presidente del TSJA ha coincidido con Nieto en que "es importantísimo saber cómo se van a cubrir las plazas anunciadas y en qué plazo", así como el criterio del Ministerio para el reparto, porque "en algunas provincias la propuesta es deficitaria y en otros no está justificada, y hay que priorizar".
Asimismo, se ha abordado la implantación de la tercera fase de la reforma judicial impuesta por el Ministerio con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta a los 12 grandes partidos judiciales andaluces, en concreto, a las ocho capitales, Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María y Motril, donde trabajan casi 5.400 funcionarios.
Andalucía ha cumplido con los plazos fijados y ha transformado en un año 85 partidos judiciales (70 en julio, tres en octubre y los últimos 12 en diciembre), en los que trabajan 9.000 funcionarios, una dimensión mayor que la de las siete comunidades que no tienen transferidas las competencias de Justicia, y que gestiona el Ministerio. Todo ello con una inversión de 56 millones de euros que la Junta ha asumido en exclusiva para reordenar y ampliar las plantillas con un centenar de funcionarios más, adaptar los sistemas y equipos informáticos y habilitar espacios adecuados al nuevo modelo y estructura de trabajo de los tribunales de instancia, donde el personal ya no está adscrito a un juzgado concreto, sino a secciones y servicios comunes.
No obstante, en la Conferencia Sectorial del pasado 22 de diciembre -la única reunión celebrada entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el año de la reforma-, el Gobierno decidió flexibilizar hasta el 31 de marzo los plazos para los ajustes necesarios. La Junta ha negociado y aprobado en tiempo y forma las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo de cada partido judicial, si bien ello requiere mover puestos de trabajo dentro de una misma sede o, donde existen varias, incluso entre edificios, con el consiguiente traslado físico de personal y habilitación de equipos informáticos.