Arahal y la Junta firman un convenio para la reeducación de menores infractores
El delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Millán, y el alcalde de Arahal, Paco Brenes, acompañado por el primer teniente de alcalde, Alberto Sanromán, han firmado hoy jueves un convenio para colaborar en la reeducación de los menores infractores de la localidad.
Gracias a este acuerdo, los jóvenes podrán cumplir medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en servicios municipales como la limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano, parques y jardines, Protección Civil, acompañamiento a mayores, asistencia a personas con discapacidad o atención a colectivos vulnerables.
El acuerdo se firma entre los ayuntamientos y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Millán ha agradecido al alcalde de Arahal su colaboración con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía. La localidad se suma así a los 26 ayuntamientos de la provincia con los que se ha firmado ya este convenio.
Agradecimientos
Los dos representantes municipales presentes han agradecido también la inclusión de Arahal en este convenio. Paco Brenes pidió a Javier Millán que traslade al consejero y presidente el agradecimiento del Ayuntamiento de Arahal por “el buen trato que nos da la Junta de Andalucía continuamente, es un orgullo para nosotros y nuestros vecinos y vecinas”.
Por su parte, Alberto Sanromán destacó también esta colaboración de la Junta con el municipio desde hace dos años. “Cada vez que hemos necesitado impulsar algún proyecto, hemos tenido la mano tendida y se ha visto con hechos”. En este sentido, se refirió a la reciente inclusión de Arahal en las ayudas de la Consejería de Agricultura para la reutilización de aguas regeneradas. Inversión para la comunidad de regantes una cantidad de millones de euros para la puesta en valor de 500 hectáreas para un municipio eminentemente agrario”.
En cuanto a la rúbrica del convenio, para Javier Millán es la reafirmación “de un principio de colaboración, grabado a fuego de quienes tenemos el inmenso honor de estar al frente de alguna responsabilidad en el Gobierno de Andalucía y, en particular, con los ayuntamientos de nuestros municipios”. Además aseguró que “el propósito que siempre tiene la Junta es acercarse al ámbito municipal y, sobre todo, ir de la mano de los ayuntamientos. Si vamos juntos, llegaremos más lejos”.
En su intervención, explicó que la firma de este convenio es “darle sentido a un marco normativo en el que se plasma la posibilidad de que menores infractores de este municipio, condenados a través de una sentencia judicial, a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, que lo puedan hacer en el marco de los servicios municipales. Menores que pueden tener conducta delictiva, delitos menores, y son los jueces los que establecen la condena, proponen la reparación del daño causado lo que, a su vez, reporta a la comunidad un beneficio en compensación a ese daño”.
Acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces
Los jueces de menores pueden imponer a los jóvenes medidas privativas de libertad, que cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) —en Sevilla hay tres en Alcalá de Guadaíra y Carmona— o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Para ejecutar este tipo de medidas, la Consejería tiene acuerdos con más de 300 ayuntamientos andaluces. Además de facilitar que realicen las tareas impuestas por los jueces en servicios municipales —en ningún caso son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo—, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.
En 2024, en la provincia de Sevilla se ejecutaron un millar de medidas de medio abierto, entre ellas 734 de libertad vigilada, 147 tareas socioeducativas y seis prestaciones en beneficio de la comunidad. Tras Málaga, es la provincia con mayor número de medidas de Justicia Juvenil.
Los profesionales del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la provincia se encargan del seguimiento de los menores que cumplen estas medidas y elaboran informes para los juzgados.
Javier Millán ha terminado su intervención diciendo que “en este caso es para un propósito muy loable, como es la reinserción. La recuperación, la reeducación de esos menores que, en un momento dado, han cometido alguna infracción”.