El Gobierno de España impulsa inversiones sostenibles en Sevilla por valor de 176 millones

Dinero
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley que permitirá a las entidades locales y comunidades autónomas utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles

El Gobierno de España impulsa inversiones sostenibles en Sevilla por valor de 176,21 millones de euros, una medida aprobada en Consejo de Ministros que supone “una oportunidad histórica para transformar nuestros municipios y mejorar la vida de los sevillanos”, según ha afirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras conocer la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá a las entidades locales y comunidades autónomas utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles.

La provincia de Sevilla contará con 176,21 millones de euros destinados a proyectos que refuercen servicios esenciales y promuevan la sostenibilidad. El objetivo es que los ayuntamientos dispongan de recursos para actuaciones que generen ahorro futuro, reduzcan costes y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, todo ello sin que compute en la regla de gasto.

Estas inversiones podrán aplicarse en ámbitos que afectan directamente al bienestar ciudadano y al desarrollo económico, como la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado público, la gestión eficiente de residuos, la construcción y rehabilitación de viviendas, el refuerzo de infraestructuras educativas y sociales, el transporte sostenible y la digitalización de servicios. También se contemplan actuaciones que impulsen la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, como la instalación de placas solares, así como proyectos que favorezcan la sociedad de la información y la innovación tecnológica.

El subdelegado ha destacado que se trata de proyectos que no solo modernizan los servicios públicos, sino que también dinamizan la economía local y crean empleo. “Cada euro invertido en sostenibilidad revierte en bienestar y progreso para nuestros vecinos”, ha señalado Toscano.

El Real Decreto-ley establece además que, si un proyecto no concluye antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente, siempre que se financie con el remanente y dentro del límite del superávit. Eso sí, las actuaciones deberán iniciarse antes de finalizar 2026, garantizando que los beneficios lleguen cuanto antes.

Reglamento Verifactu

Junto a esta medida, el Gobierno ha decidido aplazar la entrada en vigor del Reglamento Verifactu, que regula los sistemas informáticos de facturación para pymes y autónomos. El plazo se amplía un año, hasta 2027, para facilitar una implantación ordenada y homogénea. Con ello se busca reforzar la lucha contra el fraude fiscal y dar más seguridad y trazabilidad a la facturación, sin generar cargas excesivas para el tejido empresarial.