Un jurado popular enjuiciará a partir del 20 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Sevilla a un agente de la Guardia Civil acusado de facilitar, presuntamente a cambio de dinero, datos de tráfico de distintos vehículos. En la misma causa será juzgado el ciudadano que habría solicitado dicha información.
Calendario del juicio
El procedimiento arrancará el 20 de marzo con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes. El día 23 de marzo, en sesiones de mañana y tarde, está prevista la comparecencia de testigos, peritos y los dos acusados, según el señalamiento judicial.
Petición de penas de la Fiscalía
En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público solicita para ambos encausados cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de cohecho. En el caso del agente, como presunto autor de cohecho pasivo, y en el del particular, por cohecho activo.
Además, para el guardia civil, la Fiscalía reclama tres años adicionales de cárcel, inhabilitación absoluta durante seis años y una segunda multa de 3.600 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, elevando la petición total a siete años de prisión.
Relación entre los acusados y acceso a datos
El Ministerio Fiscal expone que ambos acusados mantenían una relación de amistad desde hacía años y que el particular había estado casado con la hermana del agente hasta 2005. Esa relación habría permitido al segundo ser consciente de que el guardia civil tenía acceso, por razón de su cargo, a bases de datos de tráfico protegidas y auditadas, cuyo uso está limitado a funciones policiales y sometido a advertencias legales sobre protección de datos.
La supuesta obtención de información
Según la acusación pública, durante el año 2023 el particular realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación, lo que le llevó a interesarse por datos como titularidad de vehículos, matriculación o ITV. Conociendo que el agente podía acceder a esa información, presuntamente se la solicitó a cambio de una remuneración económica.
La Fiscalía sostiene que el guardia civil, consciente de la ilegalidad de la conducta, habría accedido incluso recurriendo en ocasiones a otros compañeros, que desconocían el destino final de los datos, para tratar de ocultar su actuación. Los hechos se habrían producido entre el 27 de junio y el 21 de septiembre de 2023, sin que conste cuánto dinero se abonaba por cada consulta realizada.
