Retiran a cinco menores de una vivienda insalubre y foco de venta de droga en Castilblanco de los Arroyos
Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han procedido a la retirada de cinco hermanos menores de edad en la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos tras detectarse una situación de grave riesgo y desprotección.
La intervención se llevó a cabo el pasado 30 de marzo, cuando efectivos del Área de Protección al Menor (Aprome), en coordinación con otros grupos operativos, ejecutaron una resolución de desamparo provisional dictada por el Servicio de Protección de Menores de Sevilla.
Los menores, de entre 1 y 14 años, convivían con su madre en una vivienda que presentaba condiciones de insalubridad extrema y que, según fuentes policiales, era conocida en la zona como punto habitual de venta de sustancias estupefacientes. Además, los tres hermanos mayores tenían abiertos protocolos de absentismo escolar.
La situación se había agravado en las semanas previas debido a la falta de colaboración de la progenitora, quien, pese a los requerimientos de los servicios sociales, no adoptó medidas para mejorar las condiciones de vida de los menores. Según consta en la investigación, llegó incluso a ocultar a los niños para evitar la intervención de las autoridades, lo que obligó a solicitar autorización judicial para acceder al domicilio.
La madre cuenta con diversos antecedentes policiales y judiciales, mientras que el padre, también con antecedentes, se encontraba en ese momento en paradero desconocido al pesar sobre él una requisitoria judicial.
Ante el riesgo operativo que presentaba la actuación, la UPA desplegó un dispositivo específico de intervención en el que participaron agentes de Aprome. La entrada en la vivienda y la retirada de los menores se desarrollaron sin incidentes, destacando las fuentes la profesionalidad y coordinación de los efectivos.
Tras la intervención, los cinco hermanos fueron puestos a disposición del Servicio de Protección de Menores.
La progenitora fue informada en el lugar de los hechos tanto de la actuación policial como de la nueva situación administrativa de sus hijos.