El subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha participado hoy en la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de Andalucía en Sevilla, una infraestructura que contará con una inversión global de 34,1 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España aporta 23,3 millones de euros (68,3 %) con cargo al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para levantar un proyecto que supone “el punto de partida del asentamiento de un nuevo sector puntero y de innovación en la provincia”, según ha destacado Toscano.
“Este Centro de Procesamiento de Datos forma parte de la estrategia nacional de digitalización impulsada por el Gobierno de España, que está destinando recursos sin precedentes a la transformación tecnológica de las administraciones públicas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, sobre un sector que a través de este centro se une a otras industrias de alto valor con presencia en la provincia.
En concreto, el Gobierno de España ha financiado el Centro de Procesamiento de Datos mediante el Componente 11.I3 del PRTR, centrado en modernizar procesos y estructuras para ofrecer servicios públicos más ágiles y accesibles. Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos ha recibido para esta finalidad, con 99,4 millones de euros transferidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para proyectos de digitalización del sector público. El subdelegado ha destacado que esta infraestructura permitirá avanzar hacia una administración autonómica “más cercana, más eficiente y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía”.
Un centro clave para la transformación
El futuro CPD se convertirá en la infraestructura central para la recolección, almacenamiento y procesamiento de datos en una etapa marcada por el crecimiento de la inteligencia artificial y de los servicios en la nube. Permitirá a la administración autonómica avanzar hacia su objetivo de ofrecer servicios públicos plenamente digitales en 2030 y estará diseñado conforme a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, alineándose con la transición verde y la descarbonización. Además de reforzar la autonomía estratégica y la seguridad tecnológica, contribuirá a la cohesión territorial al distribuir infraestructuras clave en el conjunto de la comunidad.
