El juez cita a 21 investigados por el aval de 1,3 millones a Pickman La Cartuja
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado citar a declarar como investigadas a 21 personas en una pieza separada por la concesión de un aval de 1,3 millones de euros a la empresa Pickman La Cartuja por parte de la Agencia IDEA. El magistrado investiga posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y ha decidido ampliar además el plazo de instrucción de la causa por seis meses más.
Llamamientos a declarar y ampliación de la investigación
El juez ha fijado las comparecencias de los investigados para los días 18, 24 y 25 de marzo y 7 de abril, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Entre las personas afectadas figura un exconsejero de la Junta de Andalucía.
Además, el instructor ha acordado notificar la resolución a un parlamentario andaluz del PSOE para informarle de sus derechos, al constar su condición de diputado autonómico, lo que implica un posible aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía si finalmente se concretan indicios suficientes contra él.
El papel del parlamentario aforado
El magistrado considera que, en este momento del procedimiento, no es necesario remitir todavía la causa al TSJA, ya que entiende que deben seguir practicándose diligencias para concretar los posibles indicios de responsabilidad penal. La resolución subraya que el juez puede y debe seguir investigando hasta individualizar con precisión una posible conducta delictiva antes de elevar una exposición razonada al tribunal competente.
En este sentido, se recalca que el parlamentario debe tener conocimiento del procedimiento y la posibilidad de ejercer su defensa en igualdad de condiciones que el resto de investigados.
Qué se investiga en el caso Pickman
La causa se centra en la presunta concesión indebida de ayudas en forma de avales a la empresa Pickman La Cartuja, sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos. El juez apunta a que se habrían utilizado tanto avales llamados “propios” como avales reglados para hacer llegar fondos públicos a la empresa de forma injustificada.
Según lo investigado hasta ahora, Pickman y otras empresas también habrían recibido de manera paralela otro tipo de ayudas públicas, lo que podría haber supuesto una inyección continuada de fondos al margen de la legalidad.
Posibles delitos de prevaricación y malversación
El instructor sostiene que existen indicios de que en la concesión del aval de 1,3 millones de euros pudieron mediar decisiones arbitrarias, sin justificación técnica ni financiera suficiente, lo que podría encajar en delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.
La investigación sigue abierta y queda pendiente la práctica de nuevas diligencias para determinar el alcance real de las posibles responsabilidades penales.