Un juez de Sevilla cita a 18 investigados por el aval de 1,19 millones concedido al Grupo TPM
El magistrado investiga posibles delitos de prevaricación y malversación en la actuación de la Agencia IDEA
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado citar a declarar como investigadas a 18 personas en una pieza separada del caso que analiza la concesión de un aval público de 1.190.000 euros al Grupo TPM por parte de la Agencia IDEA. Entre los citados figuran un exconsejero y varios exviceconsejeros de la Junta de Andalucía.
Declaraciones en febrero y prórroga de la causa
El juez ha fijado las comparecencias entre los días 17 y 25 de febrero de 2026, atendiendo a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción. Además, ha acordado ampliar el plazo de instrucción otros seis meses, que se prolongará hasta el próximo mes de junio.
Con esta decisión, el magistrado busca disponer de más tiempo para completar las diligencias pendientes en una investigación de gran complejidad por el volumen de documentación y el número de personas implicadas.
Más documentación y nuevas diligencias
El instructor ha ordenado a la Agencia IDEA que remita al juzgado toda la información disponible sobre varias ayudas concedidas al Grupo TPM, tanto en forma de incentivos directos como de incentivos reembolsables, por importes que superan los 12 millones de euros en conjunto. También ha solicitado un informe específico para aclarar si determinadas ayudas llegaron a abonarse efectivamente.
Además, el juez ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que amplíe el atestado para identificar a los directivos y responsables del Grupo TPM que pudieron participar en la concesión y ejecución del aval investigado.
Sospechas de una concesión “arbitraria”
Según recoge el auto judicial, la causa se centra en la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la presunta concesión indebida de ayudas en forma de avales, sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos, como la viabilidad futura de la empresa beneficiaria.
El magistrado apunta que, de lo investigado hasta ahora, se desprendería un uso irregular de la figura del aval para hacer llegar fondos públicos al Grupo TPM de manera “injustificada y arbitraria”, en un contexto en el que la empresa ya había sido declarada en concurso de acreedores años antes.
Una posible inyección continuada de fondos públicos
El auto judicial sostiene que estas ayudas en forma de avales, unidas a otras subvenciones sociolaborales concedidas con anterioridad, podrían haber supuesto una “inyección continuada” de fondos públicos a la empresa al margen de la legalidad vigente.
El juez subraya que existen indicios suficientes para seguir investigando si estas decisiones administrativas vulneraron la normativa y provocaron un perjuicio a las arcas públicas, por lo que la causa sigue abierta y a la espera de las declaraciones previstas para el próximo mes de febrero.