Andalucía pide en el CPFF la retirada del nuevo modelo de financiación por consolidar el agravio a los andaluces
La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha solicitado en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se retire el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda porque atenta contra el principio de igualdad de la Constitución, consolida el déficit de financiación que sufre Andalucía y rompe el principio de igualdad entre los españoles.
Al término de la reunión donde se ha aprobado la reforma con el único apoyo del Gobierno, Cataluña y Canarias (y con el voto negativo de todas las demás comunidades), la consejera andaluza ha defendido que la reforma debería haber servido para corregir las desigualdades existentes y garantizar que todos los territorios dispongan de los mismos recursos para sostener servicios como la sanidad o la educación, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos.
"El Sistema de Financiación Autonómica debe responder al interés general y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, y no utilizarse como instrumento de negociación política para obtener apoyos parlamentarios", ha planteado. Sin embargo, "lejos de corregir las desigualdades del actual sistema, esta propuesta mantiene a Andalucía infrafinanciada y consagra un modelo de privilegios territoriales pactado al margen de las comunidades autónomas".
Según ha detallado la consejera andaluza de Hacienda, pese a ser la comunidad autónoma más poblada de España, Andalucía se mantiene por debajo de la financiación de la media del conjunto de España. En concreto, con el nuevo modelo Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares.
Para Carolina España, "estas diferencias evidencian que el modelo planteado no garantiza una financiación equitativa de los servicios públicos y consolida un sistema en el que los recursos disponibles dependen del territorio en el que viva cada ciudadano".
España ha lamentado además que las comunidades autónomas no hayan participado en el diseño y la negociación del nuevo sistema, pese a que son las administraciones responsables de prestar buena parte de los servicios públicos esenciales. De hecho, ha destacado que no se ha tenido en cuenta "ni una de las alegaciones presentadas por Andalucía ni por ninguna otra comunidad autónoma".
Así, ha tildado de "especialmente grave" que "una reforma de esta trascendencia se presente ante el CPFF cuando sus elementos fundamentales ya han sido acordados al margen de este órgano y diseñados exclusivamente para beneficiar a un territorio, concretamente al independentismo catalán".
Asimismo, la Junta ha criticado que el Gobierno central haya planteado una reforma del sistema de financiación sin incorporar un fondo de nivelación transitorio que permita corregir de manera inmediata la infrafinanciación que sufren comunidades como Andalucía mientras se alcanza un nuevo modelo.
En este sentido, la consejera ha recordado que el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, había defendido durante su etapa como consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana la necesidad de compensar la infrafinanciación con un fondo de nivelación. "Pero ha cambiado de postura una vez que ha llegado al ministerio", ha lamentado.
El nuevo sistema, ha señalado, aprueba un modelo basado en la ordinalidad, es decir "recibirán más recursos las comunidades más ricas". Por ejemplo, la consejera ha destacado que, para que los andaluces recibieran la misma financiación que los ciudadanos catalanes (por habitante ajustado) nos faltarían 2.000 millones de euros más cada año.
La mayoría del CPFF rechaza la propuesta
Carolina España ha destacado que la propuesta no cuenta con el respaldo mayoritario de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el mismo color político que el Gobierno, y ha advertido de que la Administración central pretende sacar adelante una reforma de enorme trascendencia sin el consenso de los territorios que tendrán que aplicarla y con el rechazo de todas las comunidades, menos dos. "Es decir, con el voto en contra del 90% del territorio español".
La consejera ha avisado que cualquier acuerdo que suponga otorgar un trato financiero privilegiado a un territorio tendrá necesariamente consecuencias sobre el resto de comunidades y, por tanto, sobre el conjunto de los ciudadanos españoles, al tiempo que ha insistido en que Andalucía seguirá defendiendo un modelo que garantice los mismos recursos para los mismos servicios públicos en todo el territorio nacional.
La Junta ha reiterado así su disposición a negociar un nuevo sistema de financiación, pero sobre la base de la igualdad, la suficiencia financiera, la transparencia y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, y con una solución específica para corregir la infrafinanciación que arrastra Andalucía.
Apoyo a Ceuta
Igualmente, las comunidades autónomas han querido expresar, en el marco del consejo, su solidaridad y apoyo a la ciudad de Ceuta y a todos los ceutíes, cuya situación "trasciende el ámbito estrictamente migratorio". Así, han presentado un manifiesto de apoyo a Ceuta y ha señalado que "cuando se vulnera una frontera española y europea y se pone en riesgo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos de una parte de nuestro país, estamos ante una cuestión que afecta al conjunto de España y que exige, por tanto, una respuesta de Estado".
De este modo, han incidido en que Ceuta no está sola, para añadir que la defensa de la ciudad, su estabilidad y su futuro "es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España".