Andalucía continúa un año más entre las comunidades con mayor tasa de litigiosidad
La Comunidad Autónoma de Andalucía volvió durante 2025 a situarse un año más entre las Comunidades con mayor tasa de litigiosidad. Pese a que el ingreso de asuntos disminuyó ligeramente -un 2%-, la situación no ha variado en relación a años anteriores y persiste la gran judicialización de asuntos y se genera una sobrecarga sensible de trabajo en los órganos judiciales.
Los tribunales andaluces ingresaron 1.399.188 asuntos frente a los 1.434.551 del pasado año, lo que revela que ha disminuido ligeramente el nivel total de litigiosidad, bajando en los órdenes jurisdiccionales Civil,
La Comunidad Autónoma de Andalucía volvió durante 2025 a situarse un año más entre las Comunidades con mayor tasa de litigiosidad. Pese a que el ingreso de asuntos disminuyó ligeramente -un 2%-, la situación no ha variado en relación a años anteriores y persiste la gran judicialización de asuntos y se genera una sobrecarga sensible de trabajo en los órganos judiciales.
Los tribunales andaluces ingresaron 1.399.188 asuntos frente a los 1.434.551 del pasado año, lo que revela que ha disminuido ligeramente el nivel total de litigiosidad, bajando en los órdenes jurisdiccionales Civil,
En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 76%, esto es de la cifra de 494.029 a final de 2015 se ha pasado a 870.003 en este año, un atasco sumamente llamativo y preocupante. Por ello, cada anualidad comentamos la problemática que presenta esta tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
Ejecuciones pendientes
Por otra parte, el total de asuntos de ejecución ingresados durante 2025, sumadas todas las jurisdicciones, ha sido de 214.602. De ellos, el 58% en el orden civil, el 35% en el penal, el 1% en el contencioso-administrativo y el 6% en el social. El número de ejecuciones resueltas ha sido de 213.840 y, por tanto, el número de ejecuciones resueltas no supera el número de las ingresadas, aumentado las ejecutorias pendientes.
En este sentido, las ejecutorias pendientes a final de 2025 se sitúan en una cifra elevada, 577.966 lo que supone un 8% más que el año anterior. Las ejecuciones civiles pendientes representan el 83% del total. Las ejecuciones penales suponen el 15%. Las jurisdicciones social y contencioso-administrativa tienen ambas una pendencia del 1% del total.
La situación descrita nos obliga a mantener el nivel de esfuerzo en esta materia, ya que se trata de un indicador de calidad de la justicia que arroja todavía datos lejanos a lo deseable. Además, la lentitud en la ejecución de las resoluciones judiciales retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero, de forma que la demora ejecutiva traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía por la evidente paralización de millones de euros.
Confiamos en que las novedades organizativas establecidas por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto la generalización de Servicios Comunes de Ejecución Procesal (SCEJ) contribuyan a esa deseada mejora de la pendencia de las ejecuciones.
Justicia lenta y poco eficiente
Una valoración final de los datos estadísticos de 2025 nos conduce a unas conclusiones negativas y similares a los últimos años: la justicia andaluza sigue en cifras llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente.
En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce una amplia gama de reformas organizativas y procesales, junto a mecanismos para la resolución de controversias en vía no jurisdiccional, que configura de uso obligatorio previo a la iniciación del proceso. Habrá que esperar a una valoración que pondere de modo real los efectos prácticos de tal reforma (que corresponderá hacer en la Memoria del año próximo).
En cuanto a la implementación de la nueva estructura organizativa de los Tribunales de Instancia y la nueva Oficina Judicial, capaz de generar un plus de eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial, por el momento la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad. Por otro lado, aunque desde la Administración autonómica se han dado pasos importantes en este último año hacia la definitiva consolidación tecnológica, todavía queda un importante camino por recorrer.
Es forzoso, pues, impulsar y completar en su totalidad las actuaciones legislativas y prestacionales que culminen con la modernización de la justicia. En este sentido, la memoria señala que sería necesario conseguir en un plazo razonable: la plena eficiencia organizativa con el modelo de Tribunales de Instancia y nueva oficina judicial, la ansiada transformación tecnológica (incrementando la cohesión y coordinación territorial), y la imprescindible reforma y cambio radical del proceso penal.
En otro orden de consideraciones, junto a esa "modernización" de la estructura organizativa, es imprescindible un significativo aumento del número de plazas judiciales, dada la alta tasa de litigiosidad que seguimos teniendo y la pendencia acumulada desde hace demasiado tiempo. “Confiamos que esto pueda ser una realidad a la vista del anuncio efectuado por el Ministerio de Justicia de creación de un importante número de plazas judiciales durante el año 2026, precisamente aprovechando la facilidad que para ello ofrece el nuevo sistema organizativo implantado”, indica el documento.
En conclusión, el año 2025 debe marcar el final de una etapa en nuestra Administración de Justicia caracterizada por la ausencia de las actuaciones y recursos imprescindibles para adaptarse a la realidad de los tiempos y ser capaces de dar respuesta ágil y eficiente a la demanda de tutela judicial efectiva. Los avances en el desarrollo de los medios tecnológicos en nuestra Comunidad y la ocasión que brindan las reformas legislativas ya operadas, junto a la eternamente esperada reforma procesal penal, “pueden abrir un horizonte de esperanza de que el año 2025 haya supuesto el inicio de la necesaria salida del túnel en que todavía nos hallamos”.