La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha exigido a la Junta de Andalucía que realice de forma urgente una evaluación de los riesgos psicosociales del personal funcionario de los cuerpos generales de la Administración de Justicia en Andalucía, debido a la sobrecarga, desorganización y creciente deterioro de las condiciones laborales en numerosos órganos judiciales a consecuencia de la implantación de los Tribunales de Instancia.
Esta petición se suma a la demanda interpuesta por CSIF contra la implantación de los Tribunales de Instancia y que ha sido turnada para su trámite a la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla.
El sindicato ha recordado que el pasado año presentó varios escritos formales solicitando la realización de una evaluación preventiva, advirtiendo del grave impacto organizativo que podía provocar la implantación del nuevo modelo organizativo de la Justicia, todo ello unido al déficit histórico de medios humanos, materiales y tecnológicos que arrastraba ya la Administración de Justicia en Andalucía. Pese a ello, meses después de aquellas solicitudes “la Junta sigue sin dar respuesta y sin adoptar medida preventiva alguna, a pesar de que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales obliga expresamente a evaluarlos ante cambios organizativos de esta magnitud”, ha señalado el presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, quien ha subrayado que esta ausencia de acciones por parte de la Junta ante nuestras demandas “ha provocado que la situación se deteriore aún más”.
Para CSIF la implantación de los Tribunales de Instancia -desarrollada en tres fases durante julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026- constituye una de las mayores transformaciones organizativas de la Justicia en décadas; sin embargo, la forma en que se está aplicando esta reforma está generando “graves disfunciones en el funcionamiento diario de los órganos judiciales”. En numerosos partidos judiciales hay falta de planificación organizativa real, ausencia de directrices claras sobre el funcionamiento de los nuevos servicios comunes, descoordinación entre unidades y duplicidad de tareas, incremento de la carga mental y administrativa del personal funcionario, además de cambios constantes en la organización del trabajo, lo que genera una incertidumbre permanente entre el personal.
Escenario de auténtico caos organizativo
El dirigente sindical ha explicado que “mientras que antes de la reforma cada funcionario conocía perfectamente cuál era su trabajo, en la actualidad muchos se encuentran en un escenario de auténtico caos organizativo, teniendo que adaptarse de forma improvisada a nuevas dinámicas sin formación suficiente ni instrucciones claras”. Esta situación está provocando “niveles muy elevados de estrés laboral, ansiedad y desgaste profesional entre el personal funcionario”. Así, a la fatiga mental derivada de la sobrecarga organizativa se suma un desgaste físico cada vez más evidente, con jornadas de enorme presión para los trabajadores, que mantienen en funcionamiento del servicio públicos gracias a su profesionalidad y compromiso.
Para CSIF resulta especialmente preocupante que se siga trasladando públicamente la idea de que “esta reforma se está implantando a coste cero, cuando la realidad es que ese coste lo está pagando el propio personal funcionario con su esfuerzo diario y con un evidente impacto en su salud laboral”.
A este escenario tan caótico se suma, además, la falta de medios estructurales que sufre la Justicia andaluza. La implantación del nuevo modelo se está realizando sin el personal necesario, sin refuerzos suficientes, con bajas por enfermedad sin cubrir en las jefaturas, sin convocatorias de comisiones de servicio ni llamamientos de personal interino en la FASE III, con sistemas informáticos que presentan graves incidencias y con infraestructuras judiciales claramente insuficientes y en muchos casos saturadas. Incluso, ha añadido Díaz, “existen sedes judiciales donde faltan incluso medios básicos para el trabajo diario, desde impresoras o teléfonos hasta equipos técnicos necesarios para el funcionamiento de las salas”.
