La hija de los actuales gestores del Bar de los Jardines de la Avenida, Manme Guisado, ha querido ofrecer públicamente la versión de su familia tras la decisión del Pleno municipal de iniciar el expediente de extinción de la concesión. Una medida que les ha pillado por sorpresa y que, aseguran, no esperaban después de casi tres décadas de actividad.
Una concesión con inversión y acuerdo verbal
Según explica a Diario Avanza, la concesión original del bar, ubicado en el parque Isidro Arcenegui, se otorgó en abril de 1998 a su padre, José Andrés, por cinco años prorrogables otros cinco. Antes de finalizar ese plazo, solicitaron permiso para ampliar el negocio, que fue concedido, aunque el Ayuntamiento les trasladó que no asumiría los costes.
"Mi padre invirtió unos 54.000 euros para agrandar el bar, incluyendo el salón, la cocina y los baños. Se hizo todo con los permisos correspondientes y con conocimiento del Ayuntamiento", afirma Manme. "El trato, aunque verbal, fue claro: a cambio de esa inversión, mi familia podría continuar durante más tiempo con el negocio", asegura.
Titularidad de la concesión y documentación entregada a una abogada
La hija del matrimonio también aclara que la titularidad del contrato pasó a nombre de su madre, María Paulina, a los pocos meses de comenzar la actividad, aunque ese documento, afirma, no figura en el expediente municipal: "Ese papel lo tiene mi padre, aunque ahora está en manos de la abogada que va a presentar las alegaciones".
Además, sostiene que uno de los contratos en su poder hace referencia a la ampliación de la concesión, si bien no concreta la duración exacta del periodo adicional: "Lo que sí se pactó con el entonces alcalde, Manuel Ramírez Moraza, fue que se mantendría la concesión hasta la jubilación de mi padre", señala.
Críticas a las formas y sensación de humillación
Manme expresa su malestar por el modo en que se ha llevado este asunto al Pleno: "Nos hemos enterado por terceros. Nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con mi familia. Nos han expuesto públicamente como si fuéramos unos delincuentes".
Considera que, después de tantos años de relación, la actuación debería haber sido diferente: "Lo mínimo habría sido llamarnos y decirnos que no encontraban más documentación, pedirnos explicaciones o los papeles. No es normal que tras casi 30 años de actividad legal se trate así a una familia".
Última etapa del negocio antes de la jubilación
La familia insiste en que su intención nunca fue quedarse indefinidamente. De hecho, señalan que ninguno de los hijos tiene interés en continuar con la explotación del bar: "A mi padre le quedan seis meses para jubilarse y a mi madre, que es la titular, solo dos años. Cuando llegue el momento, se lo íbamos a entregar al Ayuntamiento".
Y concluye: "No pedimos que se nos regale nada. Solo que se reconozca lo que se ha hecho, que se respeten los acuerdos. Cuando mi madre se jubile, entregará el local, como siempre se acordó".
Cronología del quiosco del parque
- 1998: El Ayuntamiento concede la gestión del a José Andrés y luego cambio de nombre a su mujer, María Paulina . Contrato por cinco años, prorrogables a otros cinco.
- 2003-2008: Se prorroga la concesión. El contrato llega hasta 2008.
- 2008-2011: La familia sigue pagando el canon pese a haber vencido la concesión.
- 2011: Se acuerda una inversión de 54.000 euros en el local a cambio de ampliar la concesión.
- 2025: El Ayuntamiento lleva a Pleno la recuperación del local y abre un plazo de 10 días para alegaciones por parte de la familia.
La versión del Ayuntamiento: obligación legal de actuar
Por parte del Ayuntamiento, el alcalde en funciones, Manuel Suárez, explicó en el Pleno que la actuación parte de una solicitud de información por parte de vecinos. Ante esta petición, el órgano de contratación requirió a la secretaría municipal la documentación disponible sobre el uso de este bien público. Al comprobar que no constaba un contrato en vigor desde 2008, se emitió un informe jurídico por parte de la letrada municipal.
“Desde el 28 de abril de 2008, la explotación se ha venido realizando sin autorización y concesión, sino solo por la mera tolerancia del Ayuntamiento”, recoge el informe.
El equipo de Gobierno sostuvo que están obligados legalmente a actuar ante esta situación.
“La administración no puede mirar para otro lado cuando hay una irregularidad”, declaró Suárez, añadiendo que se trata únicamente de un inicio de expediente, no de una resolución definitiva.
El Pleno aprobó el inicio del expediente con los votos a favor del PSOE, la abstención de Vox y Unidos por Marchena, y el voto en contra de Izquierda Unida. A partir de este momento, la familia dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar la documentación que considere oportuna para la defensa de su caso.
