La operación policial ha culminado este 10 de abril con la desarticulación de una red dedicada a la presunta explotación de temporeros en dos empresas de servicios agrícolas ubicadas en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Las autoridades han puesto a disposición judicial a tres individuos —dos administradores y un empleado— acusados de cometer delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones en el ámbito laboral, usurpación de identidad y falsedad documental.
El origen de la investigación
El inicio de las pesquisas se produjo cuando una persona migrante acudió a las dependencias policiales de Osuna para interponer una denuncia formal. El temporero relató haber sufrido diversas lesiones corporales mientras realizaba labores de recolección de aceitunas en una finca de la zona. Los agentes comprobaron rápidamente los partes médicos del Hospital Comarcal de Osuna, confirmando la atención facultativa recibida por los daños sufridos en el tajo.
Operativo conjunto y registros
Ante la gravedad de los hechos narrados, se activó la bautizada como operación CAÑADA.26, que logró conformar un equipo de trabajo multidisciplinar. Las primeras diligencias derivaron en la rápida entrada y registro de las sedes operativas de las dos empresas implicadas. En esta fase intervinieron distintas unidades especializadas en estrecha coordinación con las brigadas de extranjería y funcionarios de la Seguridad Social para esclarecer la trama de contrataciones.
Condiciones infrahumanas y sin contratos
Durante la inspección de las viviendas habilitadas para los jornaleros, los efectivos constataron unas pésimas condiciones de insalubridad y una alarmante falta de seguridad e higiene en las instalaciones. En el transcurso de estas intervenciones, se logró identificar a seis ciudadanos extranjeros que residían en España en situación administrativa irregular. Ninguno de ellos contaba con respaldo legal, realizando extenuantes labores agrícolas sin ningún tipo de relación contractual con las firmas investigadas.
