Cuatro años de prisión para un agente que cobraba por filtrar matrículas en Sevilla
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro años de cárcel a un agente de la Guardia Civil por facilitar a un tercero información confidencial de las bases de datos del Instituto Armado a cambio de dinero en Sevilla. El tribunal, tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular, impone además tres años de prisión al receptor de los datos, quien utilizaba la información para trabajos en una agencia de detectives privados durante el año 2023.
Filtración de datos por remuneración económica
La sentencia considera probado que el agente cometió un delito de cohecho pasivo al aceptar pagos por consultar identidades, domicilios y estados de la ITV de diversos vehículos. El guardia civil, consciente de su deber de confidencialidad, utilizó su cargo para obtener datos de acceso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Por estos hechos, además de la pena de cárcel, el tribunal le impone una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años y el pago de dos multas que suman 4.320 euros.
El papel del intermediario en la trama
El segundo condenado, que mantuvo una relación de parentesco con el agente hasta 2005, ha sido castigado con tres años de prisión por un delito de cohecho activo. Según los hechos probados, este individuo solicitaba la información para su labor en una agencia de investigación privada. Para evitar dejar rastro en el sistema informático, el agente no consultaba los datos directamente, sino que engañaba a otros compañeros de la Guardia Civil para que realizaran las búsquedas por él entre el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2023.
Un comportamiento calificado como corrupto
La Audiencia de Sevilla destaca en el fallo la gravedad de este "comportamiento corrupto" que ponía recursos públicos al servicio de intereses privados. El magistrado presidente rechazó los argumentos de la defensa, que sostenía que los datos eran públicos a través de la DGT. La resolución judicial subraya que, al estar integrados en un fichero restringido y protegido por la normativa de protección de datos, su difusión con fines lucrativos constituye una vulneración flagrante de los deberes profesionales del cuerpo.