Investigadas cuatro personas en una operación contra la venta ilegal de productos con cannabidiol en la provincia de Sevilla
La Guardia Civil ha desarrollado la denominada operación SUMIDA por parte de agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras UDAIFF del Puerto de Sevilla, a raíz de las sospechas sobre la posible distribución a distintos puntos de la geografía nacional de sumidades floridas de cannabis con la apariencia de CBD.
Fruto de estos hechos se inicia una investigación llevando a cabo diversas inspecciones y registros a establecimientos de venta de productos CBD en la provincia de Sevilla, dando como resultado la retirada del mercado de 11.135 gramos de sumidades floridas de la planta de cannabis, 961 gramos de resina de cannabis, así como diversos dispositivos de cigarrillos electrónicos, cosméticos y productos alimenticios con contenido en CBD y HHC, con un valor en el mercado del material intervenido superior a los 30.000 euros.
El CBD o cannabidiol es un compuesto que se extrae de la planta del cannabis sin efectos psicoactivos es utilizado por sus potenciales beneficios para la salud pudiendo generar una sensación de calma y relajación. Por su parte el HHC o hexahidrocannabinol es una versión modificada del THC o tetrahidrocannabinol principal psicoactivo del cannabis prohibido por la Ley, pero sus efectos como la alteración de la percepción, euforia y en algunos casos los efectos secundarios son muy similares.
Según la nueva orden ministerial del 14 de abril del presente año dimanante del Ministerio de Sanidad se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, poniendo coto a las llamadas golosinas de cannabis. Sanidad prohíbe la distribución o venta de este tipo de productos que contengan HHC con el objetivo de frenar el aumento de consumo de estas sustancias cuya composición son derivados semisintéticos del cannabis con una potencia hasta 30 veces superior, pudiendo ocasionar una potencial dependencia y cuadros graves para la salud de los consumidores.
Ante estos hechos los investigadores procedieron a la investigación de cuatro personas siendo puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente imputándoles un Delito Contra la Salud Pública y diversas infracciones administrativas en base a la normativa vigente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y por las establecidas por la Consejería de Salud y Familia dependiente de la Junta de Andalucía.