Javier Fernández defiende en la Comisión de Diputaciones de la FEMP una financiación local más justa y con la ciudadanía en el centro

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este lunes en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha reunido en Valencia. En la misma, los máximos representantes de los gobiernos provinciales e insulares han abordado asuntos clave vinculados con la financiación local, la autonomía y la actualización de los procedimientos en las administraciones locales para responder a los desafíos de la ciudadanía y de los territorios.

En una breve intervención antes del acto, Javier Fernández, que es vicepresidente de esta comisión, ha subrayado la necesidad de “poner a la ciudadanía siempre por encima de todo”, las personas en el centro de las políticas. También ha defendido que, para afrontar los retos de futuro de las administraciones públicas, especialmente en materia de cohesión territorial y prestación de servicios públicos, es necesario mejorar la financiación local y reforzar el papel de las diputaciones provinciales y de los gobiernos locales dentro de la arquitectura institucional del Estado.

“No se puede entender España sin el municipalismo”, ha dicho, y ha reivindicado el papel de alcaldes y alcaldesas como responsables de las administraciones “más cercanas y mejor valoradas” por la ciudadanía, debido a su contacto directo con los problemas cotidianos.

Asimismo, ha defendido la relevancia de las diputaciones como “gobiernos intermedios claves” para garantizar la cohesión territorial, social y digital, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes. “Si no existiesen las diputaciones, habría que inventarlas”, ha reiterado.

Fernández ha insistido en la necesidad de abordar de manera paralela la financiación autonómica y la financiación local, al considerar esta última “una asignatura pendiente de la democracia española”. Según ha recordado, existe un amplio consenso institucional sobre la necesidad de afrontar la financiación de las entidades locales, con una mejora de recursos que involucra también a las comunidades autónomas.

Además, ha reclamado un modelo de relación “equilibrado” entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales y provinciales, que permita asegurar una distribución adecuada de competencias y recursos. Ha concluido apelando al consenso y a la cooperación entre administraciones para seguir construyendo “no solo un país grande, sino un gran país”, desde la cercanía y el fortalecimiento de los servicios públicos locales.

UNA ADMINISTRACIÓN LOCAL PREPARADA PARA NUEVOS DESARÍOS

En la comisión se han abordado distintas propuestas orientadas a modernizar el funcionamiento de las administraciones locales y adaptar sus herramientas a los desafíos actuales. Los responsables provinciales han coincidido asimismo en la importancia de avanzar hacia una administración más ágil y con mayor capacidad técnica para acompañar a los municipios, especialmente a los de menor tamaño, en la tramitación y ejecución de proyectos estratégicos vinculados, entre otros ámbitos, a la transición energética, la vivienda, la digitalización, las infraestructuras hidráulicas o los fondos europeos.

También se ha puesto de relieve el papel de las diputaciones como instrumentos de equilibrio territorial y cooperación institucional, así como la necesidad de dotarlas de mayor flexibilidad financiera para impulsar inversiones y proyectos de transformación en los municipios.

La comisión ha analizado además nuevas fórmulas orientadas a mejorar la eficacia de las políticas públicas y medir su impacto real sobre la ciudadanía, especialmente en ámbitos sociales, de empleo, sostenibilidad, inclusión o lucha contra la despoblación, reforzando la colaboración con entidades y agentes que trabajan directamente sobre el territorio.