El Supremo ratifica un año y medio de prisión y 8,4 millones de indemnización a Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla en el caso de los ERE
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla a un año y medio de prisión y al pago de una indemnización de 8,4 millones de euros a la Junta de Andalucía en una causa derivada del caso de los ERE. Con esta resolución, el alto tribunal desestima los recursos presentados y deja firme la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Una sentencia que ya es firme
El fallo del Tribunal Supremo ratifica la condena impuesta por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación en concepto de cooperador necesario. La resolución respalda la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla y descarta que se haya producido vulneración de derechos fundamentales durante el proceso.
Fondos públicos sin procedimiento ni control
La sentencia considera probado que las ayudas se concedieron y abonaron al margen de cualquier procedimiento administrativo reglado, sin expediente, sin concurrencia pública y sin los controles legalmente exigibles. Este modo de actuación permitió la salida de fondos públicos sin una justificación ajustada a derecho.
Aunque parte del dinero pudo destinarse a gastos empresariales, el tribunal subraya que no existía cobertura legal para esas ayudas y que no se puede acreditar con precisión el destino completo de los fondos, lo que refuerza la existencia de un perjuicio para las arcas públicas.
Indemnización millonaria a la Junta de Andalucía
Además de la pena de prisión, el Supremo confirma la obligación de indemnizar a la Junta de Andalucía con 8,4 millones de euros por el daño causado al erario público. Esta cantidad corresponde a los fondos cuya concesión irregular ha quedado acreditada en esta pieza separada del caso de los ERE.
Un nuevo capítulo judicial del caso ERE
Con esta resolución, queda definitivamente cerrada esta causa derivada del caso de los ERE, uno de los mayores procesos judiciales relacionados con la gestión de fondos públicos en Andalucía, y se consolida la responsabilidad penal y civil fijada por la Audiencia de Sevilla.