Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de carácter internacional asentada en Sevilla, presuntamente dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España. La operación se ha saldado con la detención de ocho personas en la capital hispalense, entre ellas los principales responsables del entramado.
Captación en Colombia y traslado irregular
La investigación, iniciada a raíz de información obtenida en una operación policial desarrollada en 2024 contra una red de trata de seres humanos, permitió detectar la existencia de esta nueva organización perfectamente estructurada. El grupo operaba tanto en España como en Colombia, donde contaba con integrantes especializados en captar a personas en situación de extrema necesidad.
Aprovechándose de su vulnerabilidad, ofrecían a las víctimas la posibilidad de viajar a España para trabajar en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración. Al menos 22 personas habrían entrado en el país mediante este sistema.
Un “pack de viaje” con deudas de hasta 5.000 euros
La organización ofertaba un denominado “pack de viaje” que incluía el desplazamiento en avión hasta España y la supuesta permanencia en el país, generando una deuda que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Las víctimas viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, además de dinero en efectivo que debían devolver de forma inmediata tras su llegada.
Una vez en territorio español, el entramado actuaba como una agencia de colocación, gestionando empleos principalmente en la provincia de Sevilla, en el ámbito de los cuidados, y en la provincia de Cádiz, en el sector de la restauración.
Amenazas y explotación laboral
En algunos casos, la red facilitaba documentación ajena para permitir el alta laboral irregular de las víctimas, alquilando esos documentos por unos 200 euros mensuales. Los titulares reales de dicha documentación se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas.
Cuando las víctimas no podían afrontar los pagos de la deuda, la organización recurría a amenazas directas contra sus familias en Colombia. Algunas de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias. Las diligencias continúan abiertas para determinar el alcance total de la actividad delictiva.
