'Se Acabó La Fiesta' alerta de que "la crisis migratoria puede llevar al límite la cárcel de Morón de la Frontera"
Se Acabó La Fiesta (SALF) en la provincia de Sevilla expresa su "preocupación por el impacto que la crisis migratoria de Ceuta puede tener sobre el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, una prisión ya de por sí castigada por la sobreocupación y por los continuos incidentes". La formación traslada todo su apoyo a los funcionarios del centro y exige al Gobierno que "no repita en la provincia el guion aplicado en Cádiz".
"El precedente es reciente: en solo tres días, Algeciras recibió a 42 detenidos y presos derivados por la crisis migratoria, entre ellos los 22 reclusos cuyo traslado desde Ceuta ordenó el Ministerio del Interior. Con la prisión ceutí por encima de su capacidad operativa, nada garantiza que los próximos traslados no acaben alcanzando a Sevilla II, uno de los grandes centros penitenciarios de Andalucía".
La situación de partida de la prisión de Morón es ya "límite". Este mismo mes de agosto, "tres funcionarios resultaron heridos al intervenir para frenar una violenta pelea entre internos, y la propia plantilla viene denunciando la masificación del centro, el aumento de la conflictividad, una relación de puestos de trabajo insuficiente e incompleta y la falta de medios de protección con los que afrontar los incidentes".
Sánchez-Murillo puso el foco en el colectivo: «Los funcionarios de Sevilla II llevan todo el verano jugándose la integridad física para contener una prisión desbordada. Antes de plantear un solo traslado más, el Gobierno tiene que reforzar la plantilla y dotar al centro de medios de protección acordes con la realidad penitenciaria. Lo contrario sería una temeridad con quienes ya lo están dando todo».
Para Se Acabó La Fiesta, "la raíz del problema está en la gestión de la crisis: la entrada masiva de finales de julio exigía la declaración del estado de excepción en Ceuta, con todas las garantías constitucionales, para restablecer el control de la frontera y proteger a la ciudad". «Si el Gobierno hubiera declarado el estado de excepción, hoy no estaríamos hablando de repartir presos por Andalucía. Su inacción la están pagando los ceutíes y la están pagando, en primera línea, los funcionarios de prisiones», señaló Sánchez-Murillo.
La formación exige al Ministerio del Interior "el compromiso público de que ningún traslado llegará a Sevilla II sin un refuerzo previo de personal y de medios, junto a la actualización de las plantillas acorde con la realidad penitenciaria y la atención a reivindicaciones históricas del colectivo como la consideración de profesión de riesgo y la equiparación salarial con el resto de cuerpos penitenciarios. SALF advierte de que el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad, cuya tramitación por fin avanza, no es suficiente si no viene acompañado de esos medios".
En el plano penal, SALF pide "la aplicación del artículo 89 del Código Penal para sustituir por la expulsión las penas de prisión impuestas a extranjeros cuando legalmente proceda, y la activación de los convenios de traslado de personas condenadas para que cumplan sus penas en sus países de origen, medidas que aliviarían de forma estructural la presión sobre las prisiones españolas y sobre quienes trabajan en ellas".
Se Acabó La Fiesta en Sevilla subraya que "Ceuta y los municipios que acogen las prisiones andaluzas padecen la misma negligencia: defender a la ciudad autónoma exige resolver la crisis en su origen, no repartir por la Península las consecuencias de la inacción del Gobierno". La formación anuncia que "hará un seguimiento puntual de la situación de Sevilla II y de los próximos movimientos del Ministerio del Interior".