El estado de los protocolos históricos de Marchena, Arahal y Paradas: patrimonio, conservación y competencias
Un reportaje publicado en El Pespunte y firmado por Carmen González ha situado en el centro del debate el estado de conservación de los protocolos notariales históricos del distrito de Marchena, donde se custodian fondos correspondientes a Marchena, Arahal y Paradas.
El reportaje alertaba del deterioro que presentan numerosos legajos históricos afectados por la humedad tras décadas almacenados en condiciones inadecuadas, una situación sobre la que también se pronunció posteriormente el investigador José María Martín Humanes, quien reclamó una actuación urgente para evitar la pérdida de un patrimonio documental que considera esencial para conocer la historia de Arahal.
La repercusión de la publicación motivó este jueves un comunicado del Ayuntamiento de Arahal, en el que el Consistorio expresó su "profunda preocupación" por el estado de estos documentos y anunció que iniciará los trámites necesarios para reclamar una actuación urgente de las administraciones competentes con el objetivo de garantizar su conservación.
Ahora, el Ayuntamiento de Marchena ha trasladado a Diario Avanza antecedentes sobre este asunto y ha facilitado el informe elaborado por el archivero municipal a raíz de una solicitud relacionada con el traslado de parte de estos fondos documentales.
Un patrimonio documental de enorme valor histórico
Los protocolos notariales constituyen una de las principales fuentes para conocer la evolución social, económica y jurídica de los municipios.
Entre la documentación conservada figura, según recoge la investigación publicada por El Pespunte, un Libro de Escrituras Públicas de Paradas fechado en 1522, considerado el documento más antiguo catalogado del archivo. A él se suman otros volúmenes históricos de Marchena, datados en 1543, y de Arahal, fechados en 1606.
La información publicada por dicho medio advertía del deterioro que presentan numerosos legajos debido a la humedad acumulada durante años, con daños que afectan a parte de la documentación histórica.
Titularidad, custodia y conservación: conceptos diferentes
Uno de los aspectos sobre los que el Ayuntamiento de Marchena ha querido realizar precisiones es el relativo a las competencias sobre estos fondos.
Según la información facilitada por el Consistorio a Diario Avanza, conviene diferenciar entre la titularidad de los protocolos históricos y las competencias relativas a su gestión, conservación y custodia, ya que se trata de conceptos jurídicamente distintos.
Las mismas fuentes explican que la titularidad de los archivos y protocolos notariales históricos con más de 100 años de antigüedad corresponde al Estado, mientras que su gestión, conservación y custodia dependen de las comunidades autónomas y de los correspondientes Colegios Notariales. Asimismo, detallan que la gestión de esta documentación se estructura en distintas fases: durante los primeros 25 años los protocolos permanecen bajo la custodia del notario autorizante; hasta los 100 años pasan al Archivo General del Colegio Notarial de la correspondiente demarcación territorial; y, una vez superado el siglo de antigüedad, al perder su valor de consulta jurídica y adquirir un carácter eminentemente histórico y patrimonial, se transfieren a los Archivos Históricos Provinciales u otros archivos autonómicos dependientes de la comunidad autónoma competente. En cuanto a los ayuntamientos, su responsabilidad consiste en facilitar un edificio o local adecuado para albergar el Archivo General de Protocolos del distrito notarial.
Sobre el estado de conservación, la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, reconoce que parte del deterioro de los protocolos históricos es consecuencia de años en los que, según sostiene, no se actuó sobre estos fondos. No obstante, defiende que la situación de las instalaciones ha cambiado con el traslado del archivo desde la Casa Fábrica a la nueva Biblioteca Municipal, donde asegura que las condiciones actuales de custodia son "inmejorables". La regidora considera que el problema radica en que durante años no se digitalizaron ni se protegieron convenientemente estos documentos históricos.
Un informe elaborado antes del reportaje
El Ayuntamiento de Marchena también ha confirmado a este periódico que este asunto ya estaba siendo tramitado con anterioridad a la publicación del reportaje.
Según explica el Consistorio, el notario archivero solicitó hace meses la opinión del Ayuntamiento tras recibir una petición relacionada con el traslado de parte de los fondos, lo que dio lugar a la elaboración de un informe técnico por parte del archivero municipal Ramón Ramos Alfonso.
En ese documento se concluye que el Archivo General de Protocolos debe mantenerse en Marchena, por ser la cabecera del distrito notarial, recordando además que corresponde a los ayuntamientos facilitar un local adecuado para albergar estos fondos documentales.
El informe añade que dividir físicamente el archivo supondría romper el principio de procedencia, uno de los principios básicos de la archivística, al fragmentar un fondo documental concebido históricamente como una única unidad. Como alternativa, propone impulsar la digitalización de la documentación para facilitar su consulta sin necesidad de trasladar los originales.
La conservación centra ahora el debate
Más allá del debate sobre la ubicación de los protocolos, la situación descrita en la investigación de El Pespunte ha reabierto la preocupación por la conservación de unos fondos documentales de extraordinario valor histórico.
El comunicado del Ayuntamiento de Arahal, el pronunciamiento del investigador José María Martín Humanes y la documentación facilitada ahora por el Ayuntamiento de Marchena ponen de manifiesto la necesidad de encontrar una solución que garantice la preservación de unos protocolos que constituyen una fuente documental esencial para conocer la historia de Marchena, Arahal y Paradas.
El debate se centra ahora tanto en la conservación material de estos documentos como en clarificar el papel que corresponde a las distintas administraciones e instituciones implicadas en su gestión, custodia y protección, con el objetivo de asegurar la supervivencia de un patrimonio documental único para las generaciones futuras.