Acuerdo inmediato para homogeneizar el teletrabajo de los funcionarios en Sevilla

Teletrabajo
La resolución de la Administración General unifica los criterios entre centros directivos tras el pacto firmado con los sindicatos, que mantienen la exigencia de aprobar el decreto definitivo antes del 30 de septiembre de 2026

Los sindicatos SAF, CSIF y UGT han logrado la aprobación inmediata de una resolución de homogeneización del teletrabajo con la Administración General de la Junta de Andalucía, una medida que beneficia al personal funcionario de provincias como Sevilla al unificar los criterios de prestación de servicios tras semanas de intensas negociaciones.

Principales mejoras obtenidas

La nueva regulación de la Junta de Andalucía pone fin a la disparidad de criterios entre centros directivos y establece que todos los días hábiles de la semana son teletrabajables. Además, las jornadas no se verán reducidas por festivos o vacaciones, y se implanta el silencio administrativo positivo si la solicitud no se resuelve en un plazo de dos meses. También se amplía el acceso al personal de atención a la ciudadanía por vías telemáticas y se prohíben expresamente los mecanismos de control desproporcionados.

Rechazo a los sindicatos autoexcluidos

Las tres organizaciones firmantes han manifestado su profundo rechazo hacia la actitud mostrada por dos organizaciones sindicales que decidieron autoexcluirse de este proceso de negociación. Según explican las centrales mayoritarias, estos colectivos se han dedicado durante semanas a obstaculizar el trabajo de diálogo y a difundir desinformación entre los empleados públicos en lugar de sumar garantías para la plantilla.

Calendario y horizonte del nuevo decreto

Este marco provisional surge como desarrollo del pacto suscrito el 21 de abril de 2026. Los sindicatos continúan exigiendo el cumplimiento estricto del calendario para que el futuro Decreto de Teletrabajo quede aprobado antes del 30 de septiembre de 2026. El objetivo final es consolidar la ampliación de esta modalidad a dos días semanales y exigir que su implantación definitiva no se demore más de dos meses desde su publicación oficial.

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