La Guardia Civil ha detenido a un conductor que circulaba en sentido contrario por la carretera A-8065 tras embestir de forma violenta a las patrullas que pretendían darle el alto en San Juan de Aznalfarache. La Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de Andalucía ha culminado las pesquisas este 9 de junio de 2026 imputando al arrestado cargos por conducción temeraria, robo de vehículo, lesiones y atentado contra la autoridad. El suceso se originó el pasado 23 de abril de 2026 en el citado término municipal de Sevilla, provocando el derribo de los motoristas oficiales.
Embestida a las patrullas en carretera
Los componentes del destacamento provincial realizaban un servicio de vigilancia ordinario montados en sus motocicletas oficiales cuando detectaron la presencia de un turismo que avanzaba en dirección prohibida. Al percatarse de las señales de detención obligatoria emitidas por los uniformados, el conductor hizo caso omiso a las órdenes directas, acelerando de forma brusca para arrollar a los dos agentes del Subsector de Tráfico de Sevilla. El impacto causó la caída inmediata de los guardias civiles sobre el asfalto, obligando a evacuar a uno de ellos en ambulancia hacia el hospital por heridas graves.
Utilización de un vehículo robado
El dispositivo de inspección ocular desplegado por los especialistas de la Guardia Civil permitió comprobar que el coche empleado en la agresión figuraba en las bases de datos policiales como sustraído. Las indagaciones posteriores de los investigadores de la UNIS se centraron en reconstruir la trayectoria de huida del sospechoso, quien abandonó el escenario tras dejar desamparados a los funcionarios heridos. El rastreo de huellas y la colaboración ciudadana han resultado determinantes para localizar el paradero del implicado en este suceso acaecido en la provincia de Sevilla.
Penas aplicables según el Código Penal
La calificación de las conductas ilícitas conlleva severas sanciones punitivas que podrían acarrear el ingreso inmediato en prisión del acusado. El Código Penal tipifica los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad con penas que oscilan entre los seis meses y los tres años de privación de libertad. Asimismo, el cargo penal por robo de uso de vehículos a motor añade una horquilla de uno a tres años de cárcel, a lo que se sumará la retirada cautelar del permiso de conducir por un periodo máximo de seis años debido a la extrema temeridad manifestada al volante.