La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha autorizado la verificación de los planes de estudio de otras 36 titulaciones universitarias contempladas en la nueva programación académica que se implantará a partir del curso 2025/2026 en el sistema público de educación superior andaluz, que contempla un total de 188 enseñanzas. Las instituciones académicas presentaron su solicitud el pasado mes de enero y, tras la revisión realizada por el Ejecutivo autonómico, se ha emitido informe de un total de diez grados, 22 másteres y cuatro doctorados, que se suman a las otras 54 ya presentadas por el sistema público en el último cuatrimestre de 2024 para su análisis previo por parte de la Junta.
La emisión de la Consejería de Universidad de estos informes preceptivos previos permite activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición de estos 36 títulos, que se implantarán a partir del curso 2026/2027. De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en la comunidad, aprobado en 2023, a través de estos informes se evalúa tanto la adecuación de los títulos a los objetivos y criterios fijados en la programación, como su viabilidad académica y social.
En esta segunda convocatoria abierta en enero, el 100% de las titulaciones presentadas ha obtenido el visto bueno de la Administración autonómica. Para la correcta valoración de la Consejería de Universidad en este paso previo, las instituciones académicas públicas han tenido que pronunciarse, en la documentación aportada, sobre una serie de criterios contemplados en la programación académica. Entre ellos, destacan la estructura socioeconómica de la comunidad y del territorio en el que se inserta, la inserción laboral y la formación dual, la viabilidad de las nuevas titulaciones, el equilibrio territorial de la oferta de enseñanzas, los títulos conjuntos o la internacionalización. Asimismo, se han evaluado el principio de especialización de la universidad y la complementariedad de la programación, la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras, la solvencia y viabilidad económica y el aseguramiento de la calidad.
Atendiendo a esos parámetros, las universidades han tenido que aportar datos prospectivos que justifiquen la inserción de la enseñanza en el sistema productivo, además de información sobre la absorción de los egresados en el tejido empresarial, prestando especial atención a los conocimientos relacionados con los idiomas, la innovación, las TIC y el emprendimiento. De igual modo, se les ha requerido que demuestren la viabilidad de la enseñanza con un estudio sobre la evolución de titulaciones afines en los últimos cursos en el sistema universitario andaluz y español. En este caso, además, las universidades deben acreditar que los estudios de grado presentados tendrán un número de estudiantes de nuevo ingreso en torno a 60, y, en los másteres, que contarán con unos 30.
Respecto al equilibrio territorial, las instituciones académicas tienen la obligación de hacer una valoración de la zona de influencia del título con respecto al mapa de enseñanzas existente. Además, teniendo en cuenta lo que establece la normativa, la Consejería de Universidad evalúa favorablemente que los másteres se impartan en modalidad conjunta por ser un elemento cohesionador del sistema universitario que favorece su eficiencia y equilibrio.
La internacionalización y los recursos como criterios
En el informe previo también se tiene en cuenta el componente de la internacionalización, al tomar en consideración aspectos como la formación en otro idioma, espcialmente, en inglés, la movilidad de estudiantes, la captación de alumnado extranjero o la disponibilidad de un personal docente e investigador con las competencias adecuadas para realizar su actividad en otras lenguas. Se valoran, igualmente, aquellos títulos en los que, al menos, un 50% de los créditos sean impartidos en una segunda lengua, formen al estudiantado en la competencia lingüística y le preparen para un mundo laboral en el que es primordial el conocimiento de uno o más idiomas extranjeros.
Respecto a la suficiencia de recursos, la universidad tiene que acreditar que dispone del personal docente e investigador para cubrir, al menos, el 85% de la oferta de créditos del título. Para las enseñanzas con mención dual, conjuntos e internacionales, la referencia mínima se establece en un 75%. En el caso de las enseñanzas virtuales e híbridas, es necesario describir los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad.
En relación con la solvencia y la viabilidad económica, las universidades están obligadas a aportar una memoria económica que contenga los datos relativos a las infraestructuras materiales, los recursos de personal docente e investigador y de plantilla técnica, de gestión, y de administración y servicios para impartir la nueva enseñanza. Esta información tiene que detallarse por cada curso desde su puesta en marcha hasta su total implantación, así como las fuentes de financiación.
Una vez informada favorablemente la solicitud de las universidades, la Junta la comunicará a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio. En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de adoptar la última decisión considerando esta valoración.
Una programación de 188 títulos para el sistema público
La nueva planificación, que contempla 188 enseñanzas para las diez universidades públicas, se implantará en el periodo comprendido entre 2025 y 2028. De ese conjunto, 40 son grados, 126 son másteres y 22 son doctorados. Todas ellas se reparten, casi al 50%, entre las ramas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de Ciencias Sociales y de Salud, 37 tienen carácter interuniversitario y 23 son duales. Esta nueva oferta universitaria para los próximos años reforzará la educación superior en sectores estratégicos de la comunidad y contribuirá a alcanzar el mayor grado de eficiencia al ordenar el uso de los recursos y del capital humano de las instituciones académicas, además de asegurar el compromiso con los territorios de la región y su sostenibilidad a nivel económico, cultural y social.
Con esta planificación, Andalucía contará con una programación universitaria actualizada tras 14 años con una oferta congelada, lo que ha comprometido la competitividad de las instituciones académicas al impedir responder a las necesidades actuales del mercado laboral y los avances tecnológicos.
