Una familia de un centro público de educación infantil en Marchena ha interpuesto una denuncia formal ante la Inspección Educativa tras los hechos ocurridos durante una salida escolar realizada esta semana. El escrito de denuncia pone el foco en la "desinformación" sufrida por los progenitores y la "presunta vulneración" de la normativa de protección de datos de los menores.
Opacidad en el traslado y comunicaciones paralelas
Según el relato de la parte denunciante, durante una actividad que implicó el desplazamiento por carretera de alumnos del segundo ciclo de infantil, el centro "no facilitó información sobre el estado de los menores ni la confirmación de llegada o salida al centro donde tenía lugar la excursión".
La irregularidad se agravó cuando la "única noticia del bienestar de los menores llegó a través de una vía externa: una madre del centro, vinculada por parentesco directo con la tutora de uno de los cursos, difundió de forma privada una imagen de los alumnos". "Mientras la docente declinó informar a través de canales oficiales alegando que no facilitaría su número personal, se omitió el uso de iPASEN, la plataforma obligatoria y segura de comunicación de la Junta de Andalucía", añade la parte denunciante.
Fundamentos jurídicos de la denuncia
La familia denunciante sostiene que estos hechos vulneran normativas críticas del sistema educativo andaluz:
Derecho a la Información: El incumplimiento de la obligación de informar sobre el desarrollo de actividades fuera del centro, contraviniendo el Decreto 328/2010 que regula los centros públicos en Andalucía.
Gestión de Datos Sensibles: El envío de fotografías de menores a dispositivos privados de terceros, fuera de los servidores de la administración, vulnera la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (GDRP) y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Uso indebido de canales: La sustitución de iPASEN por comunicaciones informales entre familiares de docentes supone una quiebra de los protocolos de seguridad del centro.
"Nos preocupa profundamente que la seguridad y la imagen de nuestros hijos queden a merced de teléfonos particulares y vínculos familiares, ignorando las herramientas oficiales que la Junta de Andalucía pone a disposición para protegernos", explica la familia afectada.
En manos de Inspección Educativa
La familia ya ha trasladado formalmente su queja a la dirección del centro mediante escrito, exigiendo responsabilidades por lo que consideran una "mala gestión y uso indebido de imágenes". La denuncia ha sido ratificada ante la Inspección Educativa, que deberá ahora determinar si estas actuaciones "han dejado en entredicho la protección de los menores y el cumplimiento de las funciones docentes".
Desde la parte denunciante señalan que el sistema iPASEN "es la única vía oficial para la comunicación de datos personales y seguimiento del alumnado en los centros públicos de Andalucía, garantizando el cumplimiento de la LOPD".
