El vicesecretario de Vivienda del PP de Andalucía, Manuel Francisco García, ha puesto en valor la ley andaluza como respuesta al problema del acceso a la vivienda, con el liderazgo del presidente Juanma Moreno y el desarrollo de un modelo propio frente a las políticas fallidas del Gobierno de España.
García ha destacado que la ley nace para corregir los efectos negativos de la legislación impulsada por Pedro Sánchez, que “ha supuesto menos oferta, precios más altos y una enorme inseguridad jurídica para propietarios e inquilinos”.
“El Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que hay otra manera de gobernar, con una ley que incentiva la construcción, agiliza los trámites y genera confianza, justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez con una norma que está haciendo mucho daño al acceso a la vivienda para todos los andaluces”, ha afirmado el vicesecretario popular.
El vicesecretario ha subrayado que, frente a ese escenario, la Junta de Andalucía ha impulsado 2.200 viviendas protegidas y prevé entregar más de 1.300 viviendas en alquiler hasta junio. Además, el decreto-ley de medidas urgentes aprobado en marzo ya había permitido activar 2.280 VPO en solo medio año, un ritmo que encamina al objetivo de
20.000 viviendas protegidas en cinco años.
En este sentido, ha puesto en valor el papel de la consejera granadina Rocío Díaz, que ha liderado una ley centrada en aumentar y acelerar la construcción de vivienda protegida, movilizar suelo, reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica. “Es una ley pensada para las personas y hacer realidad sus proyectos de vida”, ha añadido.
Manuel Francisco García ha recordado que Andalucía ya es referente en resultados con el incremento de la vivienda protegida y las miles de viviendas impulsadas en los últimos meses y previsiones de nuevas entregas en alquiler. “La nueva ley consolida este camino con instrumentos como la ampliación de la bolsa de suelo, la colaboración público-privada y el impulso a la rehabilitación de viviendas”.
Asimismo, ha subrayado que la norma andaluza refuerza la protección frente a la okupación ilegal y defiende el derecho a la vivienda sin enfrentar a ciudadanos ni castigar a quienes cumplen la ley”. “El Gobierno andaluz no tiene competencias para abordarlo legalmente, por eso llevamos tiempo reclamando una ley nacional anti okupación. La propia consejera de Fomento lo reclamó en junio en el Senado”.
El vicesecretario de Vivienda del PP ha concluido destacando que la Ley de Vivienda de Andalucía es “una enmienda a la totalidad al modelo de Sánchez y la demostración de que es posible garantizar el derecho a la vivienda”.
