La Guardia Civil investiga a 115 personas por la presunta realización de construcciones ilegales en suelo rústico preservado en el término municipal de Dos Hermanas, dentro de la operación NESSIL, desarrollada por el Seprona en colaboración con la Policía Local y la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico.
La actuación ha sido calificada como innovadora y de enorme envergadura, al tratarse de una intervención judicial sin precedentes en la provincia de Sevilla por las medidas adoptadas sobre el terreno.
Un asentamiento urbanístico detectado a finales de 2024
La investigación se inició a finales de 2024, tras detectarse la formación de un asentamiento de aproximadamente 120.000 metros cuadrados, dividido en 236 parcelas, todas ellas ubicadas en suelo rústico protegido dentro del municipio de Dos Hermanas.
Según las diligencias practicadas, la parcelación se habría realizado mediante actas notariales privadas, una fórmula que dificultaba la identificación de los titulares reales de los terrenos.
Durante las inspecciones in situ, los agentes comprobaron la existencia de caminos de acceso, vallado perimetral con puertas automáticas, así como contadores de agua y electricidad. También se certificó la instalación de viviendas prefabricadas y de construcciones de obra en varias de las parcelas.
Inspecciones autorizadas por la autoridad judicial
Como consecuencia de la coordinación directa con la Fiscalía de Medio Ambiente, se autorizó judicialmente la entrada e identificación de las parcelaciones ilegales y de las zonas comunes del asentamiento, una medida que no se había aplicado hasta ahora en casos similares en la provincia de Sevilla.
Esta actuación conjunta permitió la inspección y registro de más de 120 subparcelas, culminando con la investigación de 115 personas como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio.
Delito urbanístico y posibles consecuencias penales
Los hechos investigados podrían encuadrarse en el artículo 319 del Código Penal, que contempla penas de uno a cuatro años de prisión, multas de doce a veinticuatro meses o del tanto al triplo del beneficio obtenido, además de inhabilitación especial y la obligación de restablecer el orden urbanístico alterado a cargo del autor del delito.
La Guardia Civil ha confirmado que la investigación permanece abierta y que no se descartan nuevas actuaciones en relación con este asentamiento ilegal detectado en Dos Hermanas.
