La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año y dos meses de prisión a José Antonio M.T., quien fuera gerente de la cooperativa agrícola San Isidro Labrador (Casil), con sede en Marchena, por apropiarse indebidamente de más de 220.000 euros de la entidad entre los años 2011 y 2014. La sentencia, dictada por la Sección Primera el pasado 6 de junio, considera al acusado responsable de un delito de administración desleal, al haberse concedido a sí mismo préstamos y anticipos desde las cuentas de la cooperativa que nunca reintegró.
Según informa Diario de Sevilla, el ahora condenado aprovechó las amplias facultades que le otorgaba su cargo, que incluían la posibilidad de ordenar y aprobar transferencias a socios, para autorizarse directamente las cantidades sin pasar por ningún control interno. Esta conducta, que prolongó durante varios años, se vio favorecida por la confianza que el consejo rector tenía depositada en él y por su posición de superioridad sobre otros trabajadores, como la cajera o el contable.
El gerente se apropió de un total de 227.000 euros mediante estas operaciones irregulares, tal y como informa Diario de Sevilla. Fue la propia cooperativa la que determinó esa cifra, y el acusado la aceptó en una escritura de “reconocimiento de deuda y dación en pago” que firmó el 27 de abril de 2015. Es decir, reconoció haber recibido ese dinero indebidamente y comenzó entonces a devolverlo, motivo por el que el tribunal le ha aplicado la atenuante de reparación del daño. No obstante, aún quedan por devolver 75.618,81 euros, cantidad que deberá abonar como indemnización a Oleand Manzanilla Olive Sociedad Cooperativa, entidad en la que se integra Casil desde 2024.
Reconocimiento de la deuda e intento de reparación
Tal y como informa Diario de Sevilla, uno de los aspectos que ha pesado en la decisión judicial ha sido la actitud del acusado tras descubrirse los hechos. José Antonio M.T. no solo admitió haber desviado los fondos, sino que reconoció expresamente la deuda con la cooperativa y llegó a hipotecar su vivienda para garantizar su devolución. Este gesto fue clave para que el tribunal optara por imponer una pena inferior a la habitual en estos casos y prescindiera de la imposición de una indemnización adicional, al considerar que existía voluntad real de reparar el perjuicio causado.
El tribunal subraya en su fallo que, aunque los hechos son graves y suponen una grave deslealtad hacia los más de 2.000 socios de la cooperativa, el esfuerzo realizado por el acusado para resarcir el daño ha tenido un "peso relevante" en la individualización de la condena.
Cuatro personas más, absueltas por falta de pruebas
En el proceso también fueron juzgadas otras cuatro personas: la esposa del acusado, el contable, la cajera de la cooperativa y otro socio, a quienes se vinculaba con el entramado de desvíos. Sin embargo, según detalla Diario de Sevilla, el tribunal ha optado por absolverlos al no hallar pruebas concluyentes de su participación directa en la maniobra fraudulenta.
La cooperativa Casil, una de las más importantes de la provincia, con décadas de actividad en el sector agrícola y más de 2.000 socios, se vio profundamente afectada por este episodio. No obstante, la actual dirección considera cerrado el capítulo tras la sentencia judicial y la recuperación del dinero.