El Ayuntamiento de Montellano ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación generada en los últimos días en torno a los Protocolos de Intenciones y Convenios Urbanísticos firmados en 2005 con propietarios de parcelas y construcciones ubicadas en suelo no urbanizable.
Convenios firmados en un contexto distinto
Desde el Consistorio se recuerda que dichos convenios se suscribieron en un marco normativo muy diferente al actual. En ellos, los propietarios reconocían haber cometido una infracción urbanística y asumían tres obligaciones: el pago de una sanción urbanística de 3.000 euros, el abono del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y una aportación en concepto de garantía fijada en un euro por metro cuadrado.
Esta última cantidad quedó establecida como una garantía a cuenta del importe que pudiera resultar del futuro Plan General de Ordenación Urbanística, especialmente para financiar sistemas generales o ampliaciones necesarias en caso de urbanización, quedando retenida por el Ayuntamiento hasta la aprobación de un proyecto redistributivo.
El PGOU no llegó a aprobarse
El Ayuntamiento explica que el PGOU finalmente no se aprobó debido a cambios normativos posteriores, la crisis del sector inmobiliario y otras circunstancias ajenas a la administración local, lo que impidió que las zonas afectadas se urbanizaran conforme a lo previsto inicialmente.
En cuanto a las cantidades abonadas en concepto de sanción e ICIO, el comunicado subraya que se ingresaron legalmente en el presupuesto municipal como ingresos ordinarios, conforme a la normativa vigente, y que no se trata de fondos discrecionales ni ajenos a la Hacienda Municipal.
Vías actuales de regularización
En el año 2020 el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos, que regula la figura de los Asimilados a Fuera de Ordenación (AFO). Esta ordenanza permite compensar las cantidades abonadas en 2005 en concepto de ICIO y garantía con la tasa correspondiente al procedimiento de regularización.
Según el Ayuntamiento, este mecanismo ya se ha aplicado en la práctica, existiendo vecinos que han regularizado su situación mediante dicha compensación.
PBOM y oficina de asesoramiento
Actualmente se encuentra en fase de avance la redacción del Plan Básico de Ordenación Municipal, un proceso en el que se han celebrado reuniones participativas y encuentros abiertos a la ciudadanía para abordar las cuestiones urbanísticas pendientes.
Además, el Ayuntamiento pondrá en marcha a principios del próximo año una Oficina de Asesoramiento Urbanístico, financiada a través del Programa de Asistencias Técnicas de la Diputación de Sevilla, con el objetivo de ofrecer atención personalizada a los vecinos afectados.
El Consistorio concluye trasladando un mensaje de tranquilidad, asegurando que las cantidades abonadas no han desaparecido ni han sido objeto de un uso indebido y reiterando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la búsqueda de soluciones para la ciudadanía.
