El Ayuntamiento de Osuna ha presentado un escrito de alegaciones ante la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía tras la suspensión de dos Programas de Empleo y Formación (PEF) en el municipio. La alcaldesa ha calificado la decisión de “agresión temeraria, injusta y fuera de toda orden”, asegurando que la administración autonómica no ha ofrecido “ninguna explicación coherente”.
Según la Junta, la suspensión se debe a que “todas las justificaciones de 2022 han sido presentadas fuera de plazo y con expedientes de reintegros, lo que impide materializar los pagos”. El Ayuntamiento niega tajantemente esta afirmación y exige a la Junta que la demuestre documentalmente. En caso contrario, advierte que será el propio Consistorio quien la desmienta.
Demuestran trazabilidad y cumplimiento normativo
El escrito entregado el 26 de julio va acompañado de documentación que acredita el cumplimiento del procedimiento de selección del alumnado, conforme a la Orden de 13 de septiembre de 2021. Según detalla el Ayuntamiento, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es quien realiza el sondeo y la Delegación de Empleo valida a los candidatos, siendo el Ayuntamiento el encargado de seleccionar entre ellos mediante pruebas y exámenes.
“¿Incumplimientos? Sí… pero de la Junta de Andalucía, que no paga 6.500.000 euros que debe al Ayuntamiento”, afirma el documento.
Rechazo al inicio del expediente de reintegro
El Consistorio también considera improcedente la apertura de un expediente de pérdida del derecho al cobro, ya que “no se ha producido ningún incumplimiento de los previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones”. En caso de que la Junta insista, deberá iniciar un procedimiento de declaración de lesividad y asumir las correspondientes indemnizaciones, advierten.
Falta de conocimiento técnico en la Junta
Otro de los puntos expuestos por el Ayuntamiento hace referencia a “una preocupante falta de conocimiento de los requisitos de acceso a los programas formativos” por parte de la Delegación Territorial. Según el escrito, los requisitos no son exigibles desde el inicio del proyecto, sino según la fase en que se imparte cada certificado, tal como establece la Resolución de 11 de julio de 2024.
Acusación de incumplimiento legal y advertencia de acciones
El Ayuntamiento acusa directamente a la Junta de incumplir el artículo 34.3 de la Ley General de Subvenciones, que regula el pago de las ayudas, señalando que a día de hoy “no se han abonado los 6.500.000 euros que se adeudan al municipio”.
Desde el Consistorio, concluyen mostrando su “rechazo a la desproporción” de la medida adoptada por la Junta y advierten que se reservan el derecho a emprender “todas las acciones legales que sean necesarias” en defensa de los intereses de Osuna.
