El Ayuntamiento de Osuna ha mostrado su profunda preocupación e indignación tras conocer la decisión de la Junta de Andalucía de suspender dos Programas de Empleo y Formación (PEF) que ya estaban en marcha en el municipio desde el pasado 19 de junio. Esta medida afecta a una treintena de alumnos y ha sido calificada por el consistorio como una actuación "injusta e incoherente" por parte de la administración autonómica.
Programas validados y alumnos seleccionados por el SAE
Los dos programas, al igual que otros similares desarrollados en Andalucía, iniciaron su proceso con la preselección del alumnado por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Una vez remitidas las listas al Ayuntamiento, los candidatos fueron seleccionados y posteriormente validados por la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, que dio su visto bueno para iniciar los cursos.
Inspección y suspensión sin previo aviso
Sin embargo, el 8 de julio, los programas recibieron una inspección inesperada de técnicos de la Junta. En sus actas, estos consideraban que los alumnos presentes “no eran válidos para su participación en dichos programas” e instaban a su suspensión cautelar. La noticia generó desconcierto entre el alumnado y la administración local, que denuncian sentirse “traicionados” tras haber cumplido todos los trámites exigidos.
El Ayuntamiento responde con alegaciones y anuncia acciones legales
El consistorio presentó alegaciones el pasado 11 de julio defendiendo la legalidad del proceso. No obstante, el 23 de julio recibieron una notificación oficial de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Sevilla, en la que se desestimaban sin análisis las alegaciones y se comunicaba la suspensión definitiva de los programas, junto con el inicio del expediente de pérdida del derecho al cobro de las ayudas.
Denuncia de un trato discriminatorio hacia Osuna
Desde el Ayuntamiento de Osuna se denuncia lo que califican como una nueva agresión por parte de la Junta de Andalucía, en lo que consideran un "modus operandi" dirigido a "colapsar" la gestión municipal. Critican la “disloque e inoperancia” de la administración autonómica y aseguran que continuarán defendiendo los intereses de los vecinos afectados.
El Ayuntamiento ha anunciado que no se rendirá, agotará todos los trámites administrativos y no descarta acudir a los tribunales para exigir responsabilidades y garantizar el derecho de formación de los alumnos afectados.
