La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado este jueves en el Parlamento andaluz que el sistema de la dependencia ha incrementado un 60% el número de beneficiarios y un 88% las prestaciones desde 2018, unos datos que, según ha señalado, “demuestran que la gestión da resultados” tras la reforma del modelo impulsada por el Gobierno andaluz.
López ha recordado que el actual Ejecutivo autonómico decidió en 2024 cambiar el modelo de gestión de la dependencia en Andalucía porque “no funcionaba”. A este respecto, ha indicado que el propio Gobierno socialista en la Junta reconoció ya en 2015 que el sistema era “farragoso y poco eficaz”. “Era más cómodo dejarlo como estaba, pero estoy convencida de que quien asume una responsabilidad tiene el deber de mejorar lo que no funciona”, ha afirmado.
Entre las principales reformas introducidas, la consejera ha explicado que el sistema ha pasado de operar con cinco aplicativos informáticos no conectados entre sí, que generaban inseguridad en la tramitación, a un único aplicativo que se está implantando actualmente y que permite la trazabilidad completa de los expedientes durante todo el procedimiento.
Además, con el Decreto de Simplificación Administrativa se han agilizado los trámites, reduciendo las visitas necesarias para la valoración de dos a una, por lo que, como ha resaltado, “el modelo actual se resume en una persona, un expediente, una visita y una resolución”.
La titular de Inclusión Social ha aclarado que el sistema “no es infalible”, especialmente teniendo en cuenta que Andalucía gestiona el mayor sistema de dependencia de España. Como ejemplo de su dimensión, ha indicado que el presupuesto andaluz destinado a dependencia supera al presupuesto total de comunidades como La Rioja, y que el 50% del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del país se gestiona en Andalucía.
No obstante, ha recalcado que el nuevo modelo “es más ágil, evita errores y los datos nos demuestran que la gestión da resultados”. Así, ha subrayado que el número de beneficiarios del sistema de la dependencia andaluz ha crecido un 60% desde diciembre de 2018 a enero de 2026, hasta alcanzar los 340.135, mientras que las prestaciones han aumentado un 88% en el mismo periodo, superando por primera vez el medio millón, con 526.040 prestaciones reconocidas.
En relación con los tiempos de espera, López ha señalado que se sitúan actualmente en 488 días, la cifra más baja de los últimos 15 años. “Es verdad que hay que seguir reduciéndolos, pero veníamos de 1.275 días de espera, es decir, tres años y medio. Hemos logrado recortar los tiempos en más de dos años”, ha subrayado.
Además, la consejera ha recordado que “hemos aprobado una nueva Orden pionera para la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia en determinados colectivos vulnerables, como son los menores de hasta 14 años, las personas mayores de 90, las personas que padezcan Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y aquellas en situación de cuidados paliativos, entre otros. Seguimos creando derechos para las personas más vulnerables”.
En relación con las personas dependientes que fallecen esperando una prestación, Loles López ha vuelto a pedir perdón “por cada persona que fallece esperando, ahora y en el pasado”. Así, ha recordado que con el PSOE en la Junta, fallecieron 13.149 personas en lista de espera, el doble que en la actualidad. Además, ha puntualizado que la tasa andaluza de fallecidos en la lista de espera de la dependencia está hoy por debajo de la media nacional. “Un solo fallecido en las listas de espera es motivo para no sacar pecho, pedir disculpas y seguir trabajando”, ha remarcado.
Refuerzo del sector de la dependencia
La titular de Inclusión Social también se ha referido a la creación de plazas residenciales. Según ha indicado, entre 2015 y 2018 el PSOE al frente de la Junta creó 283 plazas, mientras que en la primera legislatura del presidente Juanma Moreno se crearon 2.168, y en la actual se prevé superar las 5.000 nuevas plazas. “Los datos hablan por si solos”, ha remarcado.
Asimismo, la consejera ha recordado que, durante la etapa socialista en Andalucía, “se concertaban plazas pero no las dotaba presupuestariamente”, lo que, según ha explicado, “provocaba que quedaran bloqueadas y sin poder ocuparse, generando asfixia en el sector”.
Loles López también ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno ´por mejorar la financiación del sector de la dependencia. Así, ha afirmado que, en el caso
del sector residencial para personas mayores, durante los últimos siete años de gobierno socialista el aumento fue del 0,30%, frente al 26% en los siete años del Ejecutivo autonómico actual. En el ámbito residencial para personas con discapacidad, el incremento medio ha sido del 32% en siete años, frente al 1,17% del periodo anterior.
Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, López ha recordado que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 hasta 2018, el PSOE la frente de la Junta aumentó la financiación un 0%, mientras que el Gobierno de Juanma Moreno ha aumentado la financiación un 28% en siete años”.
“Queda mucho trabajo por hacer, pero la gestión da resultados, y hoy podemos decir que contamos con más beneficiarios y prestaciones que nunca, el menor tiempo de espera de los últimos 15 años y un sistema más simplificado, y todo ello a pulmón”, ha aseverado la consejera.
En este contexto, la titular de Inclusión Social ha incidido en que el presupuesto andaluz para 2026 destina 2.610 millones de euros al sistema de la dependencia, la mayor cifra de la historia de Andalucía. De esta cuantía, ha proseguido, “La Junta financia un 71% frente al 29% que aporta el Gobierno de Pedro Sánchez”.
Ante esta situación, López ha vuelto a reclamar a la ministra y candidata socialista a la presidencia de Andalucía, María Jesús Montero, que firme con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con el País Vasco para garantizar el 50% de financiación de la dependencia”.
En este punto, ha lamentado que el “cinismo y la hipocresía” del PSOE andaluz, que “aplaude la decisión de María Jesús Montero de tratar a los dependientes vascos como ciudadanos de primera y a los andaluces con la punta del pie”, tal y como “demostraron en la Cámara andaluza al votar en contra de exigir al Gobierno de España el pago del 50% de la dependencia que ha acordado con el País Vasco y niega a Andalucía”.
