La Guardia Civil ha culminado una importante operación desarrollada en las provincias de Sevilla y Cádiz que se ha saldado con tres personas detenidas y la intervención de un patrimonio valorado en torno a dos millones de euros. La actuación, denominada ‘Homeros’, se enmarca en la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando, y ha permitido desarticular la estructura económica de un grupo que presuntamente ocultaba los beneficios obtenidos con actividades ilícitas.
El origen de la investigación
La operación es continuación directa de una investigación anterior, en la que ya se había detenido a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos y falsedad documental, tras detectarse una partida de vapers valorada en más de 1,3 millones de euros correspondiente a los años 2023 y 2024.
Tras comprobar que existían indicios de que la actividad ilegal continuaba, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica de la Guardia Civil en Sevilla inició una nueva fase de investigación, que permitió constatar el uso de varias sociedades mercantiles para canalizar los beneficios del contrabando y transformarlos en patrimonio inmobiliario y bienes de alto valor.
Registros en Sevilla y Cádiz
En el marco de la operación, y con la colaboración de la Agencia Tributaria, se llevaron a cabo seis registros en inmuebles situados en Las Cabezas de San Juan y en Jerez de la Frontera. Las actuaciones afectaron tanto a domicilios particulares como a sedes de empresas vinculadas a la trama y a la gestoría encargada de su contabilidad.
Durante los registros, los agentes intervinieron 113.460 euros en efectivo, abundante documentación contable, dispositivos electrónicos de almacenamiento y contratos privados de compraventa de inmuebles. Además, se incautaron vehículos de lujo valorados en unos 400.000 euros y una nueva partida de vapers de contrabando tasada en más de 329.000 euros.
Cuentas bloqueadas y bienes embargados
La operación se ha saldado con la detención de tres personas y la completa desarticulación de la estructura económica del grupo investigado. Por orden de la autoridad judicial, se ha procedido al bloqueo de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas como de las sociedades implicadas.
Asimismo, se ha acordado la anotación preventiva de embargo sobre todos los bienes intervenidos, que quedan a disposición judicial mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance total de las responsabilidades penales y económicas derivadas de esta causa.
