El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia firme confirmando las condenas impuestas a los principales responsables del caso de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe). La resolución, fechada el 22 de abril, ratifica las penas de prisión por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, al considerar probado que se utilizaron fondos de la entidad para sufragar gastos personales de carácter ilícito en locales de prostitución y establecimientos de ocio en la provincia de Sevilla.
Desestimación de los recursos
El tribunal ha rechazado íntegramente los recursos de apelación presentados por los acusados contra la sentencia dictada originalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla. Los magistrados sostienen que no existió vulneración alguna de los derechos fundamentales durante el proceso y que la prueba de cargo es suficiente para acreditar la responsabilidad penal de los condenados. La resolución judicial incide en que el uso de las tarjetas de la Faffe no respondió en ningún caso a fines públicos o de gestión, sino al beneficio particular y al disfrute personal de los directivos.
Delitos de malversación y falsedad
La sentencia ratificada pone de relieve la gravedad de los hechos, calificando como "especialmente reprochable" el desvío de dinero destinado originalmente a la formación de parados en Andalucía. Además de la malversación, el TSJA mantiene los cargos por falsedad documental, al entender que se manipularon los registros contables y las justificaciones de gastos para intentar ocultar el rastro del dinero público empleado en los locales de alterne de Sevilla. Los magistrados consideran que el dolo es evidente en la conducta de los implicados, quienes intentaron dar apariencia de legalidad a pagos que eran radicalmente ajenos a la fundación.
Ejecución de la sentencia y multas
Con este pronunciamiento, el TSJA da por cerrada la vía ordinaria de recurso, ordenando que se dé traslado de la resolución a la sección penal de origen en Sevilla para el inicio del cumplimiento de las penas. Además de las condenas de cárcel, la sentencia firme implica la obligación de reintegrar las cantidades malversadas a las arcas públicas y el pago de las correspondientes multas pecuniarias. La decisión ha sido comunicada este 24 de abril a todas las partes personadas, incluyendo a los representantes de la Junta de Andalucía, que actuaron como acusación en este procedimiento que ha marcado la crónica judicial andaluza.
