Los 25 juzgados de Primera Instancia de Sevilla estarán completamente operativos en la Ciudad de la Justicia a principios de noviembre, concretamente en el Edificio B del complejo de Palmas Altas que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha visitado hoy junto a las autoridades judiciales tras las obras de adecuación realizadas y que han supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros. El inmueble dispone de 11 salas de vistas y zonas de espera, en la planta baja y despachos, salas de archivo y zona de trabajo de los funcionarios a partir de la primera planta.
Nieto ha recorrido las instalaciones junto al presidente de la Audiencia Provincial, Álvaro Martín; la jueza decana de Sevilla, Reyes Vila; la secretaria coordinadora, Felisa Panadero; representantes de la Fiscalía provincial y de la Consejería.
“El Edificio A fue el primer paso de la Ciudad de la Justicia más moderna de España y la segunda más grande cuando esté completa”, ha destacado Nieto. El consejero ha remarcado las mejoras que se han implementado en este inmueble con respecto al edificio A, “fundamentalmente el tamaño de los despachos de los jueces, la reorganización de las salas de vista y la insonorización”, además del sistema de climatización.
El consejero ha explicado que el traslado estaba previsto para el mes de julio, “ya que la obra estaba terminada en el plazo previsto, pero se ha retrasado a petición de las autoridades judiciales”, ante la transformación que está viviendo la Administración de Justicia en 2025 con la entrada en vigor de la reforma estatal que sustituye los juzgados unipersonales por el nuevo modelo de tribunales de instancia.
El calendario de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé que las ocho capitales andaluzas y otros cuatro grandes partidos judiciales (Algeciras, Jerez, El Puerto y Motril) estén adaptadas el 31 de diciembre. Nieto ha defendido que el sistema judicial en España necesitaba un cambio, pero ha lamentado que el Gobierno aprobara esta ley “sin diálogo con las comunidades, sin consenso en el Congreso y además sin memoria presupuestaria ni aportación económica”.
De hecho, ha señalado que “a Andalucía le va a suponer un sobrecoste de entre 54 y 56 millones que vamos a tener que poner a pulmón” para ampliar las plantillas, adaptar los servidores informáticos e incluso hacer obras en los edificios, como aquí, que hemos tenido que hacer un cambio sobre lo previsto”.
Ahorro de 1,7 millones en alquiler
Con la puesta en marcha del edificio B ya son dos los que funcionan en el complejo de Palmas Altas, donde desde finales de 2023 se ubican en el bloque A los 17 órganos de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo. La inversión realizada para adaptarlo al uso judicial ronda los dos millones de euros, que se compensará en un año ya que el 15 de noviembre se desocuparán la mayoría de los espacios alquilados en el edificio Viapol con un coste anual de más de 1,7 millones.
En este edificio trabajarán unos 380 profesionales entre jueces, letrados de la Administración de la Justicia, fiscales y funcionarios. Las salas de vista y zonas para el público se concentrarán en la planta baja mientras en el resto estarán los despachos y zonas de trabajo de los profesionales.
Nieto ha subrayado que la Consejería mantiene el plazo de 2028 para poner en funcionamiento de los otros cinco edificios del complejo (ya se ha licitado el proyecto para su adecuación) e iniciar la obra del bloque de nueva construcción. En este se ubicarán el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), la Jurisdicción de Menores y la de Violencia sobre la Mujer que “son muy especializadas y requieren características muy concretas, por lo que pensamos que lo ideal es que fuesen en un edificio nuevo pensado exprofeso para ellas”.
Cuando la Ciudad de la Justicia esté completa, Sevilla contará con “más de 130.000 m2 de equipamiento judicial, que recogerá todas las sedes actualmente dispersas, un reto muy importante en el que se demuestra si una Administración Pública como la Junta de Andalucía está preparada para dar un salto de calidad en este servicio público”.
Déficit de jueces
No obstante, ha recordado que la Consejería de Justicia es una administración prestacional que debe dotar de medios y equipamientos a los jueces pero la creación de nuevas plazas es competencia del Gobierno de España y Andalucía tiene “un déficit muy importante de jueces”.
“El año pasado pedimos 56 órganos nuevos y 15 plazas de magistrado y la respuesta del Ministerio de Justicia fue cero. Es el único año desde hace mucho tiempo en el que no ha habido ni un solo incremento de unidades judiciales en Andalucía, al tiempo que el Gobierno se comprometía a dotar de 60 jueces más a Cataluña”. Nieto ha aplaudido que se dote a otras comunidades, “pero no a costa de Andalucía que necesita esa plantilla judicial porque tenemos problemas de narcotráfico, somos frontera sur de Europa para la inmigración irregular. Los jueces, fiscales y funcionarios no pueden más con la carga de trabajo que soportan”, ha denunciado.
