La consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha culminado una inversión superior al millón de euros en la modernización del Centro de Salud Laboral de Sevilla, una actuación que permite reforzar la vigilancia de la salud y la atención preventiva de cerca de 40.000 empleados públicos en la provincia.
La consejera, Rocío Blanco, ha visitado este lunes unas instalaciones que, tras su reforma integral, han multiplicado su capacidad asistencial y se han consolidado como uno de los principales referentes públicos en materia de medicina y enfermería del trabajo en España.
El centro cuenta ahora con más de 1.200 metros cuadrados, 30 consultas completamente equipadas y tecnología sanitaria de última generación, lo que ha permitido pasar de unas 3.000 consultas anuales a poder realizar hasta 10.000 reconocimientos médicos al año, prácticamente el triple de su actividad anterior.
Durante la visita, la consejera ha subrayado que esta inversión responde a una apuesta sostenida por situar la prevención en el centro de las políticas públicas. “Cuidar la salud en el trabajo es proteger a las personas y garantizar servicios públicos de calidad”, ha señalado.
El Centro de Salud Laboral de Sevilla, dependiente de la Delegación Territorial de Empleo, atiende a los empleados públicos de la Junta en la provincia dentro de las labores de vigilancia y control sanitario, y cuenta con un equipo multidisciplinar formado por médicos del trabajo, personal de enfermería, técnicos y especialistas en prevención.
Además de su función asistencial, el centro desempeña un papel clave en la formación de nuevos profesionales. En sus instalaciones se forman residentes de medicina y enfermería del trabajo, así como alumnado en prácticas de ciclos formativos, combinando asistencia, prevención y especialización en un mismo espacio.
Reunión de trabajo y acuerdo con la Fundación Laboral
La jornada ha incluido también la firma de un Protocolo General de Actuación entre la Consejería de Empleo y la Fundación laboral de la Construcción (FLC) en Andalucía, representada por su presidente, Rafael Sánchez.
El Protocolo, con una vigencia de cuatro años, establece un marco estable de colaboración para desarrollar acciones conjuntas, analizar las necesidades formativas, diseñar programas técnicos, elaborar guías prácticas y promover campañas de sensibilización.
Además, el documento contempla medidas para reforzar el control de la formación homologada, facilitar la verificación de diplomas y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de las entidades formadoras.
La rúbrica del acuerdo se ha producido tras una reunión de trabajo en la que también ha participado el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, donde se ha analizado la situación de la prevención en la construcción y las principales líneas de actuación en materia de formación y seguridad laboral.
Entre otros asuntos, se han abordado los retos que afronta el sector, especialmente en lo relativo a la siniestralidad, la cualificación de los trabajadores y la necesidad de reforzar la cultura preventiva en las empresas, con especial atención a la pequeñas y medianas.
