El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han firmado hoy un convenio para colaborar en la reeducación de los menores infractores de la ciudad. Gracias a este acuerdo, los jóvenes podrán cumplir medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas colaborando en servicios municipales como la limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano, parques y jardines, Protección Civil, acompañamiento a mayores, asistencia a personas con discapacidad o atención a colectivos vulnerables.
Nieto ha agradecido al alcalde su colaboración con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta, encargado de garantizar una red de centros, servicios y recursos para ejecutar las medidas que imponen los jueces de menores. Estos pueden acordar medidas privativas de libertad, que los jóvenes cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) -en Sevilla hay tres en Alcalá de Guadaíra y Carmona- o medidas de medio abierto, como la libertad vigilada, la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
La realización de este tipo de tareas en su ciudad, además de evitarles desplazamientos, contribuye a reparar el daño causado a la sociedad en el entorno en el que viven y comprender las consecuencias de sus actos, por ejemplo, colaborando en la limpieza de pintadas o acompañando a los servicios sociales en su trabajo con personas con discapacidad o inmigrantes a los que han faltado el respeto.
Para ello, la Consejería cuenta con 308 convenios con ayuntamientos (270 firmados en esta legislatura) que permiten que los menores cumplan las medidas judiciales colaborando en servicios municipales, y el objetivo es seguir incorporando “aliados” para ofrecer a los jueces de menores más recursos disponibles donde puedan cumplir este tipo de medidas.
En la provincia de Sevilla son 24 los municipios que colaboran con el sistema de Justicia Juvenil de la Junta a los que ahora se suma “la capital de Andalucía para que abramos caminos de inserción y no caminos de exclusión, que es lo que muchas veces se encuentran estos chicos que en un momento determinado se equivocan y nadie le ayuda a dejar atrás ese error, con una consecuencia que tienen que asumir cumpliendo unas medidas donde les enseñan que lo que ha hecho no se puede repetir”, ha defendido el consejero.
En ningún caso las tareas que realizan los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo. Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada o permanencia en domicilio el fin de semana.
En 2024 (las estadísticas de 2025 aún se están cerrando) en la provincia de Sevilla se ejecutaron un millar de medidas de medio abierto, entre ellas 734 de libertad vigilada, 147 tareas socioeducativas y seis prestaciones en beneficio de la comunidad. Tras Málaga, es la provincia con mayor número de medidas de Justicia Juvenil. El consejero ha destacado que la libertad vigilada es la medida mayoritaria ante la falta de recursos disponibles para el cumplimiento de tareas, por lo que ha confiado que con la incorporación del Ayuntamiento de la capital estas cifras den la vuelta.
Además de con ayuntamientos, la Consejería también tiene acuerdos con entidades sociales y ONG (seis en Sevilla como el Banco de Alimentos, Madre Coraje o Autismo Sevilla) para la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas consistentes en labores de voluntariado.
Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones que.
Un 80% no reincide
El consejero ha defendido que el trabajo con estos jóvenes que, en un momento determinado, por diversas circunstancias, se ven inmersos en conflictos que los llevan ante el juez es “una inversión” para el futuro de la sociedad y “Andalucía es una referencia nacional e internacional ya que conseguimos que el 80% de los jóvenes no reincida”.
Para seguir mejorando, la Junta ultima la creación del Observatorio andaluz de Justicia Juvenil, pionero en España y Europa, que permitirá contar con datos cuantitativos y cualitativos e investigaciones y estudios sobre la evolución en los perfiles y tipos de conductas para adecuar el trabajo a los cambios, como, por ejemplo, el incremento de ciberdelitos como el acoso a través de redes sociales.
La Consejería ha realizado una encuesta a mil menores que cumplen medidas en los centros y servicios de la Junta, que “rompe clichés que tiene la sociedad” sobre su perfil ya que la mayoría procede de familias de nivel socioeconómico medio-alto y nueve de cada diez son españoles. Los resultados también demuestran que el trabajo que se hace con ellos funciona: 92,4% reconoce haber tomado conciencia del delito cometido y 84% del daño provocado a la víctima, el 60% quiere retomar o continuar sus estudios y el 92% prioriza tener un proyecto de vida. Más del 85% valora como positivo o muy positivo su paso por los recursos del sistema de Justicia Juvenil, el trato de los profesionales y la ayuda recibida por éstos.
