El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla solicitará acceso a toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a una empresa con "presuntos vínculos con personas relacionadas con el PSOE andaluz, según las informaciones publicadas en los últimos días en los medios de comunicación".
“Las revelaciones conocidas son lo suficientemente graves como para exigir explicaciones inmediatas al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, así como la máxima transparencia sobre los procedimientos seguidos para la adjudicación de dichos contratos”.
Los populares han subrayado que "actuarán con prudencia y rigor, pero insisten que no van a permanecer impasibles ante cualquier indicio de utilización partidista de una institución que debe estar al servicio los sevillanos".
“No vamos a permitir que se utilicen los recursos públicos para beneficiar presuntamente a empresas vinculadas de una u otra forma al entorno socialista. Los sevillanos merecen saber cómo se gestiona hasta el último euro de la Diputación y quiénes son los beneficiarios de esos contratos”.
Asimismo, recuerdan que "no es la primera vez que el PP expresa su preocupación sobre presuntas prácticas relacionadas con el fraccionamiento indebido de contratos y sobre la falta de transparencia en determinadas sociedades instrumentales dependientes de la Diputación, especialmente en Prodetur", donde los populares han denunciado "reiteradamente procedimientos que consideran alejados de los principios de pública concurrencia y control del gasto que deben regir la contratación pública".
Para el Grupo Popular, la "gravedad de estas informaciones obliga a extremar la transparencia y el control sobre la gestión de los recursos públicos. Todo ello, además, en un contexto en el que según denuncian los populares, cada vez son más los casos que apuntan a presuntas prácticas de carácter clientelar vinculadas al uso de las instituciones públicas".
Por ello, el Grupo Popular en la Diputación de Sevilla exigirá "el acceso completo a los expedientes, analizará toda la documentación disponible y estudiará la puesta en marcha de nuevas iniciativas de control y fiscalización para esclarecer cualquier posible irregularidad".
“La Diputación no puede convertirse en el cortijo de nadie ni estar al servicio de los intereses de un partido político. Su obligación es gestionar con transparencia, objetividad y respeto al dinero de todos los sevillanos”.
