El Pleno del Ayuntamiento de Marchena aprobó el pasado viernes la recuperación de la vivienda municipal adscrita al colegio 'Juan XXIII', situada en la calle Alameda 1, al considerar extinguida la ocupación del inmueble y acordar su restitución al servicio público educativo. El expediente fue respaldado por PSOE, Vox y Unidos por Marchena, mientras que Izquierda Unida optó por la abstención. En la misma sesión, la corporación debatió una moción de IU para facilitar intervenciones socioterapéuticas de menores con trastorno del espectro autista en la piscina municipal.
El Ayuntamiento recuperará la vivienda del CEIP Juan XXIII
El Pleno aprobó desestimar las alegaciones presentadas por el ocupante de la vivienda municipal al entender que no desvirtúan los hechos acreditados en el expediente y acordó declarar extinguida la ocupación del inmueble, requiriendo su desalojo en el plazo de diez días. En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá ejecutar la recuperación por vía administrativa, repercutiendo al ocupante los costes derivados de la actuación.
Durante el debate, el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Rey, explicó que su grupo mantenía la abstención ya expresada en la comisión informativa al tratarse de "un desahucio", una cuestión que calificó como "palabras mayores". No obstante, reconoció que el expediente contempla una alternativa habitacional para la persona afectada, por lo que no se produciría una situación de desamparo, y destacó además que el inmueble forma parte de un complejo educativo donde, a su juicio, no resulta lógico que residan personas ajenas a la actividad docente.
El portavoz de Vox defendió el voto favorable de su grupo al considerar que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger su patrimonio y recuperar los bienes municipales cuando desaparecen las circunstancias que justificaban su ocupación. Añadió que la sensibilidad social debe ser compatible con el cumplimiento de la legalidad.
En la misma línea se expresó Unidos por Marchena, que recordó un precedente similar ocurrido en otro centro educativo y señaló que la relación que justificaba inicialmente el uso de la vivienda quedó extinguida hace unos quince años con el fallecimiento de la persona que tenía derecho a ocuparla. El grupo también puso de relieve que el expediente contempla una alternativa habitacional.
El portavoz del Grupo Socialista explicó que el expediente nace de una petición realizada por el propio centro educativo a la Delegación Territorial de Educación. Señaló que antes de llegar al Pleno se mantuvieron varias reuniones con la persona ocupante para intentar alcanzar un acuerdo, aunque finalmente el Ayuntamiento se ha visto obligado a actuar porque la legislación le exige recuperar los bienes municipales cuando detecta una ocupación irregular.
Insistió en que se trata de "un trámite administrativo" que "no es agradable", pero defendió que el Consistorio debe velar por el cumplimiento de la legalidad y recuperar un inmueble destinado al servicio público educativo.
La propuesta quedó aprobada con los votos favorables de PSOE, Vox y Unidos por Marchena y la abstención de Izquierda Unida.
Izquierda Unida propone modificar la ordenanza de la piscina para facilitar la inclusión de menores con autismo
Izquierda Unida defendió una moción para modificar la ordenanza reguladora de las instalaciones deportivas municipales con el fin de permitir que terapeutas o técnicos de integración social puedan acceder al vaso de la piscina durante el horario de baño libre para acompañar a personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. El portavoz de la formación argumentó que la iniciativa nace a raíz de la petición realizada por la Asociación Autismo Marchena y sostuvo que el objetivo no era crear actividades separadas, sino favorecer la inclusión real de los menores con trastorno del espectro autista (TEA) en un entorno compartido con el resto de usuarios. Durante su intervención insistió en que el autismo 'no es una enfermedad, sino una condición de vida' y defendió que la presencia de un profesional especializado facilita la socialización y la integración del menor en un espacio público, minimizando posibles situaciones de conflicto.
Vox anunció su apoyo a la propuesta al considerar que ampliar las bonificaciones para terapeutas de personas con discapacidad era una medida razonable, aunque pidió que la futura regulación estuviera respaldada por informes técnicos y jurídicos que definieran con claridad quién puede acceder, cómo se acredita esa condición y cuáles serían los límites para evitar problemas en la gestión de la instalación.
Por su parte, Unidos por Marchena mostró inicialmente una posición favorable al espíritu de la moción, aunque expresó dudas sobre la conveniencia de modificar una ordenanza por un caso concreto. Su portavoz planteó incluso que la medida pudiera extenderse a cualquier persona que necesitara temporalmente un acompañante por motivos médicos o de rehabilitación, pero finalmente defendió que la solución más adecuada sería regular estas situaciones mediante convenios específicos con las asociaciones, en lugar de reformar la normativa municipal, motivo por el que el grupo se abstuvo.
La respuesta más extensa llegó desde el equipo de gobierno. La delegada de Deportes aseguró que la moción partía de un planteamiento que no se correspondía con la realidad, afirmando que el menor con TEA nunca tuvo prohibido el acceso a la piscina junto a su terapeuta y que la única negativa se refería a reservar un espacio exclusivo dentro del baño libre y a eximir del pago de la entrada a la profesional. Además, sostuvo que la redacción del informe emitido por el coordinador de Deportes 'no era la más adecuada' y que podía inducir a interpretaciones erróneas, aunque insistió en que la práctica habitual del Ayuntamiento permite el acceso de estos usuarios como cualquier otro ciudadano.
La alcaldesa profundizó en esa línea y centró buena parte del debate en diferenciar la integración del régimen de precios públicos. Defendió que cualquier menor con TEA puede acudir a la piscina acompañado por su terapeuta o por su familia, pero que tanto el profesional como el resto de acompañantes deben abonar la tarifa correspondiente, al igual que cualquier usuario. También recordó que el Ayuntamiento concede subvenciones nominativas de unos 3.000 euros a la Asociación Autismo Marchena y aseguró que la entidad renunció a una de esas ayudas por no aportar la documentación requerida. Asimismo, rechazó modificar la ordenanza por un caso concreto al considerar que ya existe la figura de los convenios para atender situaciones particulares y acusó a Izquierda Unida de trasladar la imagen de que el Ayuntamiento carece de sensibilidad hacia las personas con discapacidad, algo que negó rotundamente. La moción fue finalmente rechazada con los votos en contra del PSOE, el apoyo de Izquierda Unida y Vox y la abstención de Unidos por Marchena.
