El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha dictado un auto para continuar por los trámites de procedimiento abreviado la causa penal contra cinco investigados por el desvío ilícito de fondos públicos relacionados con el Grupo ABB. Entre los procesados se encuentra el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, junto a dos personas ajenas a la corporación beneficiarias de las pólizas y dos directivos de la entidad mediadora Vitalia. El magistrado concreta que el volumen total del dinero público comprometido en esta pieza separada asciende a 5.276.694,26 euros, distribuidos de manera arbitraria al margen del control administrativo general.
Delitos y plazos procesales
El auto judicial emitido en Sevilla determina que los hechos analizados presentan caracteres delictivos compatibles con prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. El instructor ha dado un margen de 20 días laborables a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que formalicen sus escritos de conclusiones provisionales, soliciten la apertura del juicio oral o demanden el sobreseimiento de las actuaciones.
Exculpación de la cúpula empresarial
La resolución del juzgado decreta el archivo provisional de las actuaciones para tres de los encausados iniciales al no detectar indicios sólidos que acrediten una participación penalmente relevante en la trama de corrupción. El magistrado aclara que la dirección empresarial de la multinacional pactó un plan de prejubilaciones independiente sufragado con fondos propios para cubrir el 90% del salario hasta los 62 años. Fueron las negociaciones paralelas de los representantes laborales las que buscaron la financiación pública de la Junta de Andalucía para estirar las coberturas hasta los 65 años de edad.
Mecanismo del fraude detectado
La investigación sitúa el origen de las subvenciones irregulares en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2010. El mecanismo corrupto funcionaba mediante acuerdos de palabra directos con los despachos de la Consejería de Empleo, evitando la concurrencia competitiva obligatoria y los requisitos de publicidad en el boletín oficial. Las pólizas de rentas pagadas con el erario andaluz terminaron amparando a trabajadores que jamás desarrollaron su actividad laboral en la factoría afectada por las reestructuraciones.
