La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras del sabotaje que provocó un apagón masivo en las luminarias públicas de la zona norte de Sevilla a finales de 2025. El operativo, cuyos resultados se han conocido este 1 de junio, confirma que la acción delictiva se diseñó como un método de presión violento contra la empresa privada adjudicataria del control y mantenimiento del alumbrado de la ciudad, la cual se encontraba inmersa en un tenso conflicto laboral. El ataque causó perjuicios directos a los residentes y graves deficiencias en los servicios esenciales del municipio.
Daños en el alumbrado
La investigación inicial arrancó tras detectarse cortes de luz simultáneos que afectaron de forma directa a más de una treintena de centros de mando e instalaciones de distribución eléctrica de la capital andaluza. Los especialistas policiales valoraron los destrozos materiales en cerca de 30.000 euros, una cuantía sufragada inicialmente con fondos públicos de Sevilla para restablecer el suministro en las calles afectadas. Aquella primera intervención de las fuerzas de seguridad concluyó con la identificación y el arresto del principal sospechoso del sabotaje técnico.
Empleados con uniforme
Los agentes abrieron una segunda fase de la Operación Candelai tras sospechar que el primer arrestado no había actuado en solitario debido a la complejidad de las redes manipuladas. Las pesquisas posteriores demostraron que el sabotaje requería de conocimientos especializados y que fue ejecutado por más miembros de la propia plantilla encargada de la conservación de las redes. Los tres nuevos implicados actuaron fuera de su jornada laboral reglamentaria, aunque utilizaron sus uniformes corporativos para acceder a los cuadros de luces sin levantar sospechas entre los vecinos de la zona.
Control de los juzgados
El despliegue de la Policía Nacional ha permitido dar por descabezado el grupo de trabajadores que optó por la vía del vandalismo industrial para forzar las negociaciones de su convenio. Los funcionarios completaron la redacción de las diligencias en las dependencias policiales de Sevilla y trasladaron las pruebas físicas intervenidas durante los registros. Los tres operarios detenidos ya han pasado de forma oficial a disposición de la Autoridad Judicial competente, que determinará las medidas cautelares y las responsabilidades penales derivadas de los delitos de daños en bienes públicos.
