La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado el abandono que sufren las infraestructuras judiciales por parte de la Junta de Andalucía, una realidad que afecta de forma directa tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como al derecho que tiene la ciudadanía a recibir un servicio público eficaz y de calidad.
El sindicato, asimismo, ha señalado la situación se ha visto agravada con la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha derivado “en un auténtico caos por la falta de planificación, recursos e inversiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento”.
En este contexto, CSIF ha reclamado la convocatoria inmediata de reuniones con la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, después de que haya transcurrido un año desde el último encuentro mantenido en julio de 2025. Desde septiembre del año pasado, CSIF ha registrado de forma mensual solicitudes para abordar los numerosos problemas existentes en las sedes judiciales andaluzas, sin obtener respuesta alguna de la Consejería.
“Resulta inadmisible que la Administración permanezca desaparecida mientras la implantación de los Tribunales de Instancia está poniendo al límite unas infraestructuras que ya arrastraban importantes deficiencias”, ha afirmado el responsable de Prevención e Infraestructuras de CSIF Justicia Andalucía, Manuel Lobato. “No puede hablarse de modernización cuando los edificios están deteriorados, faltan medios básicos y los profesionales tienen que sacar adelante el servicio público con recursos claramente insuficientes”, ha añadido.
La falta de interlocución volvió a quedar patente durante la sesión monográfica sobre Infraestructuras Judiciales celebrada el pasado mes de junio en el Comité de Seguridad y Salud Sectorial. Tal y como ha denunciado CSIF, la persona responsable de la Secretaría General de dicho ámbito volvió a ausentarse, pese a las reiteradas solicitudes del sindicato para abordar este asunto.
La Central Sindical sostiene que la realidad de las sedes judiciales dista mucho del modelo de modernización que proyecta la Consejería. Numerosos edificios presentan importantes deficiencias de conservación y continúan existiendo partidos judiciales con órganos repartidos en distintos inmuebles, una situación que dificulta el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia, concebidos para desarrollar su actividad de forma unificada.
A ello se suma una carencia generalizada de recursos materiales y tecnológicos. El sindicato ha denunciado que en numerosos órganos judiciales siguen faltando mobiliario, equipos informáticos actualizados, impresoras, escáneres, teléfonos, sistemas de grabación para las salas de vistas y salas Gesell, entre otros medios imprescindibles para el desempeño diario del trabajo.
CSIF también ha alertado del fracaso de la denominada justicia digital. Las continuas incidencias del sistema de gestión procesal @driano siguen provocando interrupciones en la actividad judicial, mientras que el Centro de Atención a Usuarios (CAU) continúa ofreciendo una respuesta insuficiente y la Agencia Digital de Andalucía no resuelve con la agilidad necesaria las incidencias que se le trasladan. “Los trabajadores se encuentras con herramientas tecnológicas que, lejos de facilitar su labor, ralentizan continuamente la actividad judicial. La justicia digital no pude quedarse en un eslogan publicitario mientras los problemas informáticos se repiten cada día”, ha subrayado Lobato.
El sindicato lamenta que la Administración sigue escudándose en proyectos pendientes, actuaciones futuras o licitaciones que nunca terminan de materializarse, mientras las deficiencias se cronifican; asimismo, ha recordado que algunas sedes judiciales incluso han tenido que ser desalojadas por motivos de seguridad tras las denuncias presentadas por la propia organización.
Ante esta situación CSIF ha exigido la recuperación inmediata del diálogo con la Administración y la puesta en marcha de un plan urgente de actuación sobre las sedes judiciales, con financiación suficiente, calendario de ejecución y plazos concretos, además de la dotación inmediata de los medios materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio público esencial como es la justicia.
