La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha refrendado el preacuerdo para la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta de Andalucía, con el objetivo de ofrecer unos servicios de calidad que repercutan directamente en la ciudadanía. Este pacto será ratificado mañana en la Mesa General de Negociación Común, tras la multitudinaria movilización de CSIF ante San Telmo.
El documento sienta las bases de una transformación de la Administración autonómica, apostando por la simplificación de procedimientos, la digitalización de servicios y la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal público. Además, introduce un sistema basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la estabilidad y la formación continua.
Carrera profesional y negociación colectiva
El preacuerdo, con vigencia quinquenal, desarrolla la Ley de Función Pública de Andalucía y permite recuperar la senda de la negociación colectiva. Entre sus medidas se incluye la implantación de la evaluación del desempeño y la carrera horizontal, así como una revisión del sistema retributivo basado en complementos objetivos.
También contempla la adecuación de los convenios colectivos del Sector Público Instrumental al nuevo marco normativo y la planificación de empleo para garantizar una tasa de temporalidad inferior al 8 %. En este sentido, el pacto apuesta por una gestión planificada de vacantes que optimice los recursos humanos y evite la externalización de funciones propias.
Compromisos de modernización y bienestar laboral
El texto acordado incluye una reorganización administrativa para crear estructuras más ágiles y eficientes, impulsando modelos multidisciplinares y eliminando duplicidades. Asimismo, establece el compromiso de finalizar la negociación del VII Convenio Colectivo antes del 31 de diciembre de 2025 y potenciar la formación continua en áreas como la Administración electrónica, las TIC y el análisis de datos.
Por último, a partir de 2026 se recuperarán las ayudas de acción social suspendidas en 2012, destinadas a facilitar la conciliación familiar y laboral, el cuidado de personas dependientes y las prestaciones sociosanitarias para los empleados públicos andaluces.
