La Junta destina 160 millones para el uso eficiente de la energía en hogares, empresas y entidades locales

Las ayudas que gestionará la Agencia Andaluza de la Energía contemplan un programa específico para hogares vulnerables

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el uso eficiente de la energía en Andalucía (INEA). Con un presupuesto de 160,2 millones de euros, cofinanciado por el Programa de Andalucía Feder 2021-2027, estas ayudas serán gestionadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, incorporando, por primera vez, un programa específicamente dirigido a la mejora energética en los hogares más vulnerables.

De esta forma, ciudadanos, autónomos, pymes y grandes empresas, entidades públicas locales y del tercer sector, así como las comunidades energéticas, podrán beneficiarse de esta nueva línea de incentivos diseñada por la Junta de Andalucía para seguir avanzando en la transición energética andaluza. Cuatro son los programas en los que se estructura, en función de los destinatarios y actuaciones a financiar: sector residencial y edificios e instalaciones públicas; sector empresarial y cadena agroalimentaria; redes y sistemas inteligentes, y hogares vulnerables.

El primero de ellos, y el que tiene una mayor dotación presupuestaria, con 93 millones de euros, está enfocado a reducir el consumo de energía del sector residencial y de los edificios e instalaciones públicas del ámbito local. De este modo, los ciudadanos podrán solicitar ayudas para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación energética en sus hogares, como la mejora de envolvente térmica para reducir la demanda energética de calefacción y climatización, o la renovación de instalaciones de aire acondicionado, agua caliente sanitaria o iluminación. Para ello, debe lograrse la mejora de la calificación energética del edificio o vivienda en, al menos, una letra y reducir el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2, pudiendo incorporar actuaciones complementarias de energías renovables para cumplir con estos requisitos. También podrán solicitarlas las entidades públicas locales, en este caso, para todos sus edificios e instalaciones, aunque no sean de uso residencial.

Igualmente, a través de este programa, para ciudadanos particulares se incentivará el uso de energías renovables de solar térmica, biomasa, aerotermia, hidrotermia y geotermia en viviendas y edificios. En el caso de instalaciones de autoconsumo eléctrico mediante fotovoltaica, para poder acogerse a las ayudas, éstas deberán contar con una instalación de almacenamiento. Las entidades públicas por su parte, además, pueden incorporar energía eólica y fotovoltaica, con o sin almacenamiento. Asimismo, aquellas empresas propietarias de edificios o viviendas cuyo uso sea exclusivamente residencial podrán solicitar incentivos de rehabilitación energética e instalaciones renovables a través de esta línea, con los mismos condicionantes que los particulares.

Sector empresarial y la cadena agroalimentaria

El segundo programa, de 44,6 millones de euros, está dirigido a las empresas, con especial foco en la cadena agroalimentaria, para contribuir al incremento de la competitividad del sector empresarial andaluz mediante la reducción de su factura energética y de las emisiones de CO2. Para ello, contarán con ayudas para mejorar la envolvente térmica de sus edificios y sus instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, siempre que mejoren la calificación energética del edificio y se reduzca en, al menos, un 20% el consumo de energía primaria no renovable.

También habrá incentivos para aumentar la eficiencia energética de sus procesos productivos e instalaciones, subvencionándose la renovación de equipos y tecnologías por otras de una mayor eficiencia, la mejora del diseño de procesos (incluyendo el transporte interno de materias primas y productos, equipos e instalaciones para facilitar la recuperación de calor para producción de energía térmica y/o eléctrica), o la implementación o mejora de sistemas de gestión energética. Estas acciones deben ir encaminadas a reducir el consumo de energía primaria de los procesos sobre los que se realice la actuación subvencionada en, al menos, un 10%, para ser susceptibles de incentivo.

Con el objetivo de incrementar el uso de energías renovables en edificios y procesos productivos, las empresas dispondrán de incentivos para la incorporación de instalaciones y equipos nuevos que usen energía solar térmica, biomasa, biogás y otros gases renovables que provengan de la biomasa, así como la aerotermia, hidrotermia y geotermia; además de instalaciones renovables de autoconsumo eléctrico, fotovoltaico o eólico, con o sin almacenamiento.

El uso eficiente de la energía pasa también por la expansión de las redes inteligentes y el impulso al acceso a las infraestructuras de recarga para vehículos. Por ello, el programa 3, centrado en redes y sistemas inteligentes y dotado con 12,7 millones de euros, apoyará la inversión de las empresas en actuaciones para la digitalización y mejora de sus redes e infraestructuras eléctricas, como la incorporación de equipos o aplicaciones informáticas para una mejor gestión de la demanda de energía, elementos electrónicos de digitalización o equipos para centros de transformación eléctricos. Junto con las empresas, también las entidades locales podrán demandar incentivos en este programa, con ayudas para sistemas de almacenamiento, así como para instalaciones de recarga de vehículos eléctricos a las que pueda acceder cualquier usuario y que estén localizadas en espacios urbanos o municipios de un área metropolitana.

Hogares más vulnerables

La orden de incentivos contempla ayudas específicas para la mejora energética de los hogares de los consumidores en situación de mayor vulnerabilidad a través de dos líneas: una para la mejora de la calificación energética y otra de renovables, pudiendo subvencionarse hasta la totalidad de las inversiones que deban realizarse en las viviendas habituales de estas personas.

Dotado con 10 millones de euros procedentes de fondos Feder, el programa financiará medidas de rehabilitación de fachadas, cambio de ventanas, renovación de instalaciones de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación, así como para la incorporación de sistemas de autoconsumo eléctrico, propiciando así una reducción de la factura energética y un aumento del confort térmico de estos hogares.

Para facilitar el acceso a estas ayudas, en las bases reguladoras se ha establecido la intervención de las entidades locales, del tercer sector de acción social y de otras sin ánimo de lucro como entidades colaboradoras para la solicitud y tramitación de los incentivos en nombre de los posibles beneficiarios, así como, opcionalmente, para la contratación y la realización del pago de las actuaciones, teniendo en cuenta su mayor conocimiento de la realidad socioeconómica de sus municipios.

Este programa, en el que los beneficiarios serán las personas que tengan la condición de consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social beneficiarias del bono social eléctrico, surge de la experiencia de la Agencia Andaluza de la Energía en el proyecto europeo Powerty, enfocado a facilitar el acceso de estos colectivos a las energías renovables y que tuvo como resultado la puesta en marcha de la primera comunidad energética creada en un entorno desfavorecido, con dos instalaciones de autoconsumo situadas en dos colegios públicos que dan energía a familias del barrio sevillano de Torreblanca.

Para seguir avanzando en la simplificación administrativa y reducir los tiempos de respuesta, INEA incorpora un elevado grado de automatización y robotización de los procesos de tramitación, así como la aplicación de costes simplificados para las personas físicas y las entidades locales, lo que agilizará la concesión de las ayudas y la posterior justificación de las actuaciones, al no ser necesario aportar ninguna documentación relacionada con pago, como facturas o transferencias bancarias, por parte de los beneficiarios aunque ésta sí debe conservarse para posteriores verificaciones y posibles controles para acreditar la realización y pago de la instalación objeto de la subvención.