El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar la partida presupuestaria que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública destina a la plantilla de funcionarios de la Administración de Justicia, ya que la misma se amplía en 86 plazas más para hacer frente al cambio de estructura que supone crear los nuevos tribunales de instancia. Este incremento supone una inversión anual de 3.713.367,71 euros, que la Junta de Andalucía asume en solitario al carecer la norma estatal de memoria económica.
La primera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia entró en vigor el 1 de julio de 2025 en aquellos partidos judiciales que cuentan con juzgados de Mixtos y de Violencia sobre la Mujer, 70 de los 85 que hay en Andalucía (más del 82%) que cuentan con más de 4.000 funcionarios de Justicia, dependientes de la Junta de Andalucía. La segunda fase se implantará el 1 de octubre de 2025 y afecta en Andalucía a tres partidos judiciales con 250 trabajadores, todos en la provincia de Málaga (Fuengirola, Marbella y Torremolinos). La tercera y última fase será la adaptación, el 31 de diciembre de 2025, de las ocho capitales de provincia y cuatro grandes ciudades (Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril), donde trabajan unos 5.000 funcionarios de Justicia.
Para ello, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha ampliado la plantilla de funcionarios en 86 plazas para las dos primeras fases, tras negociar con los sindicatos las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de los 73 partidos judiciales afectados en las fases I y II. La mayoría de estos puestos son de nueva creación, pero también se han consolidado plazas que hasta ahora eran ocupadas por interinos de refuerzo y se han creado jefaturas que hasta ahora no existían con sus correspondientes complementos. En concreto, los nuevos puestos son 24 del cuerpo de gestores procesales, 51 plazas de tramitadores y once de Auxilio Judicial.
Además de transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y la ordenación del personal en secciones y servicios comunes, la ley también afecta a los juzgados de paz, que pasan a ser oficinas de justicia municipales, con más funciones. Ya se han adaptado 94 y otros cuatro lo harán en octubre. Igualmente, los registros civiles se convierten en unidades autónomas.
Esta inversión es asumida en solitario por la Junta de Andalucía, junto a otros derivados de la adaptación de las sedes judiciales, los servidores y equipos informáticos o la formación de los profesionales, ya que el Gobierno de España no ha acompañado la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia de ayuda técnica y económica para las comunidades autónomas que tienen que implantarla. Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó el 11 de junio de 2025 un acuerdo en el que instaba al Gobierno central a dotar a la Junta de Andalucía de los medios económicos necesarios para poner en marcha la norma estatal.
