El Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a dotar a Andalucía de los medios económicos necesarios para la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya implantación ha sido diseñada por el Estado sin consenso con las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas y que la Junta de Andalucía calcula que supondrá un gasto inicial para las arcas públicas andaluzas de 54,4 millones de euros.
En este sentido, la aplicación de esta Ley Orgánica conlleva que, antes de final de año, la Junta de Andalucía deberá modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas de 695 juzgados que se transformarán en 85 tribunales de instancia y 700 juzgados de paz que se convertirán en oficinas de justicia en el municipio, órganos en los que trabajan más de 9.000 funcionarios.
La ley fija un exigente calendario según el cual el 1 de julio de 2025 deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre de 2025, el nuevo modelo deberá implantarse en aquellos partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre de 2025, la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a 5.000 profesionales.
Hasta el momento, la Junta de Andalucía ha tenido que asumir, sin ayuda estatal, un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto se han destinado 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública formada por funcionarios judiciales, para gestionar la nueva ley; 3.649.712,37 euros a crear nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) acordadas con los sindicatos para los partidos judiciales de la Fase I y 437.819,08 euros para los de la Fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. Y aún se desconoce el coste que supondrá la Fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes, para los que se acaba de iniciar la negociación de las relaciones de puestos de trabajo.
Junto al gasto en personal, la Junta de Andalucía destinará 19.837.655,70 de euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico necesario como dispositivos y licencias digitales para los tribunales de instancia (11.894.731,21 euros) y para las oficinas de justicia municipales (4.326.144,05 euros), o la adaptación del sistema de gestión procesal '@driano' (1.684.123,35 euros), entre otras necesidades.
En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en estas vías alternativas de solución de conflictos. Andalucía fue la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita desde el 1 de enero de 2024, retribuyendo a los letrados que lograran cerrar acuerdos.
Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar los espacios de las sedes judiciales, unas obras que supondrán una inversión de 20.720.319,21 euros (4.723.158,03 euros para actuaciones urgentes, 5.369.541,37 euros para eliminar barreras físicas, 10.627.619,80 euros para la integración de servicios y 8.121.203,24 euros para ubicar servicios como el SEMCA para la Mediación Civil y Mercantil).
En total, la inversión provisional que debe afrontar la Junta de Andalucía supera los 54,4 millones, sin tener en cuenta el coste que supondrá la Fase III, así como la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que fue excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de Justicia sólo para el personal de las comunidades sin las competencias transferidas (el llamado 'territorio Ministerio') por las nuevas funciones y carga de trabajo que supondrá la reforma.
En este sentido, los sindicatos de Justicia reclamaron una subida salarial mediante el complemento general del puesto, congelado desde 2004. Sin embargo, el Gobierno de España aplicó la subida al complemento específico sólo para los funcionarios del 'territorio Ministerio'. Esta discriminación para los funcionarios de comunidades como Andalucía ha sido recurrida por la Junta de Andalucía a través del Gabinete Jurídico y a instancia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
