La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha destacado y puesto en valor los más de 7.000 millones de euros que incluye el decreto ley aprobado para paliar los efectos del temporal e impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas. Un decreto ley que contempla, además, compensaciones para las más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como recursos para mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos. La práctica totalidad de los fondos que se movilizarán como consecuencia de este decreto están destinados a Andalucía.
“El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción de los lugares de las infraestructuras que han quedado afectadas”, ha subrayado Montero, que ha hecho un llamamiento por el Pacto por el Cambio Climático. “Todas estas situaciones vienen provocadas por una realidad que nadie puede ya poner en duda, como es este fenómeno tan cercano del cambio climático y, por tanto, instamos a los partidos políticos, sobre todo al Partido Popular, que suscriba este Pacto de Estado para permitirnos intervenir y, por tanto, que no tengamos que hacer frente a las consecuencias de las situaciones que hoy estamos intentando dar respuesta”, ha explicado.
Un mensaje de esperanza
María Jesús Montero, que ha destacado el trabajo de los servicios de emergencia y su “excelente profesionalidad”, ha lanzado también un “mensaje de esperanza” a todas las personas que han visto que su vida se ha alterado por estas borrascas, para decirles que “el Gobierno va a movilizar todos los recursos que sean necesarios para reconstruir los pueblos y las infraestructuras dañadas”.
Entre ellos, destacan los más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas. También ayudas por valor de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca, cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, de Cádiz y de Huelva, por el amarre de la flota que no ha podido salir a la mar.
También se reduce de 35 a cinco el número de jornadas cotizadas para cobrar el subsidio por desempleo o las rentas agrarias para trabajadores eventuales agrarios, que residan en municipios afectados. Igualmente, el decreto incluye 600 millones para reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas, y otros 163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transporte.
El decreto aprobado implica, asimismo, cuadruplicar el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres y también establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. A esto, según ha indicado Montero, se unen ayudas directas para las más de 12.400 personas que han sido desalojadas por los fenómenos meteorológicos. En concreto, la compensación va a ser de 150 euros por persona y por día. Estas compensaciones van a ser compatible con otras ayudas a las que también puedan tener derechos, como los daños en las viviendas. Todas las ayudas, además, van a estar exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.
En el caso de los ayuntamientos, se van a movilizar 2.000 millones de euros que se van a transferir a los municipios afectados para afrontar la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones. Un dinero transferido que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar.
Asimismo, se permitirá que se pueda utilizar el superávit del año 2025 en inversiones que vayan a resarcir daños provocados por las borrascas. Y también se flexibiliza la regla de gastos para comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas.
Plan de empleo
Entre otras iniciativas incluidas en el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha destacado, también, un plan de empleo de 50 millones de euros que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.
En cuanto a medidas fiscales y de seguridad social, se incluye por ejemplo la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026, cuando se afecten a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. Y en caso de que se haya ya realizado el pago, los contribuyentes podrán solicitar la devolución. También se incluye una reducción de módulos del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de las zonas afectadas. Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales, según ha destacado Montero, va a suponer un ahorro para estos contribuyentes de unos 350 millones de euros.
Por último, María Jesús Montero ha explicado las ayudas directas al comercio, especialmente para la hostelería y comercio minorista de zonas afectadas, con un importe de 120 millones de euros. Y también líneas de financiación ICO, ha dicho, de 100 millones de euros para daños agrarios de borrasca.
