El Parlamento de Andalucía ha aprobado, con el apoyo de PP y la abstención de Vox, la nueva Ley del Patrimonio de Andalucía, una norma que actualiza y moderniza el régimen jurídico que regula los bienes públicos de la comunidad autónoma con el objetivo de ordenarlos, protegerlos y ponerlos en valor. Para la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, "se trata de una reforma estructural y trascendental para el buen gobierno de Andalucía" que permite que ese patrimonio "deje de ser un conjunto de activos infrautilizados y se convierta en una palanca real al servicio del interés general y del desarrollo de Andalucía".
Para la consejera de Economía, la nueva Ley del Patrimonio de Andalucía supone pasar del desorden heredado en 2019 a la gestión responsable, del inmovilismo y el derroche de los gobiernos socialistas a la activación de los bienes públicos. "Un patrimonio que funciona es un patrimonio que genera confianza, y gestionar bien lo público es la mejor forma de defender lo común", ha apuntado, para añadir que "eso es justo lo que esta ley hace: convierte nuestro patrimonio en una herramienta para el futuro, no en un problema heredado del pasado".
"Con esta ley, Andalucía gana orden, gana control y gana confianza", ha señalado Carolina España, "una norma que no mercantiliza el patrimonio, sino que lo protege, lo moderniza y lo pone al servicio de los andaluces como una auténtica herramienta de desarrollo económico, social y territorial".
Así, tras agradecer las aportaciones de todos los grupos políticos en la tramitación, la consejera ha resaltado que "ahora, edificios vacíos se han convertido en empleo, en inversión, en desarrollo, hemos logrado generar un ahorro anual superior al millón de euros en gastos de mantenimiento, y eso es lo que significa gestionar bien lo público".
La nueva ley marca un antes y un después en la gestión del patrimonio público, uno de los más extensos del país, y lo adapta definitivamente a la realidad jurídica, económica y administrativa del siglo XXI. Y es que la norma aprobada este miércoles sustituye a una legislación vigente desde 1986, que había quedado obsoleta y dispersa tras décadas de cambios normativos y ante las nuevas exigencias de transparencia, eficiencia y sostenibilidad de los bienes públicos.
La Ley del Patrimonio de Andalucía parte de la máxima de que "lo que es de todos debe gestionarse con rigor, utilidad pública y máxima transparencia". Para ello, establece una definición más amplia y actualizada del patrimonio de la Comunidad Autónoma, que incluye el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias. Esta concepción integral permite, por primera vez, una visión ordenada y coherente de todo el patrimonio público andaluz.
Otro de los principales avances de la nueva norma es la introducción de instrumentos modernos de gestión, que facilitan una administración más ágil, eficaz y eficiente. Así, la ley simplifica procedimientos, elimina duplicidades y reduce cargas administrativas innecesarias que, hasta ahora, dificultaban notablemente el uso de los bienes públicos para fines de interés general. La incorporación de herramientas digitales permitirá, además, una gestión más coordinada entre administraciones y una mejor utilización de los recursos disponibles para ponerlos al servicio de los andaluces.
Colaboración institucional para un mejor aprovechamiento
En este ámbito, la consejera ha destacado la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial de la Junta de Andalucía, un portal digital único que centralizará toda la información relativa al patrimonio autonómico. "A través de esta plataforma, la ciudadanía podrá conocer de forma clara y accesible qué bienes posee la Junta, cuál es su uso y qué operaciones patrimoniales se realizan", ha apuntado. Y ha valorado positivamente este paso decisivo en materia de transparencia y rendición de cuentas, alineado con las mejores prácticas de buen gobierno y destacado por el propio Consejo Consultivo de Andalucía.
La ley también introduce novedades orientadas a activar bienes en desuso y a reforzar la colaboración institucional. Entre ellas, los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, que permitirán a las entidades locales proponer a la Junta la puesta en valor de inmuebles infrautilizados en sus municipios. Se abre así la puerta a nuevos usos de con impacto directo en el desarrollo local, la recuperación de espacios públicos y la dinamización económica de los territorios.
A ello se suma la figura de la consulta de interés de mercado, un instrumento innovador según la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía que permitirá recabar información del tejido empresarial y de la sociedad civil antes de diseñar determinados procedimientos o definir nuevos usos para el patrimonio autonómico. Con esta medida, la Junta de Andalucía refuerza la seguridad jurídica y mejora la toma de decisiones, orientándolas a soluciones más eficientes y ajustadas a la realidad social y económica.
Apuesta por la sostenibilidad
La sostenibilidad es otro de los ejes centrales de la nueva Ley de Patrimonio, en consonancia con los principios y valores de la economía circular. Así, la norma es pionera en la aplicación de criterios medioambientales en la gestión de los bienes públicos. Para ello, se regula la llamada "bolsa de segunda oportunidad", que fomentará la reutilización interna de bienes muebles obsoletos, su reparación o su reciclaje, así como su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales cuando ya no resulten útiles para la Administración.
Este enfoque sostenible se extiende también a la gestión de edificios administrativos y del parque móvil de la Junta, con el objetivo de eliminar gasto superfluo e innecesario, prolongar la vida útil de los bienes y optimizar su uso. En este sentido, la consejera ha recordado que la mejora en la gestión patrimonial desde la llegada al Gobierno de la Junta de Juanma Moreno "ha permitido reducir costes de mantenimiento, recuperar inmuebles y generar importantes ahorros que se han destinado a servicios esenciales para todos los andaluces como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia".
La protección del patrimonio público es otro de los grandes avances de la ley. Por primera vez, Andalucía contará con un régimen sancionador específico frente a los atentados que puedan sufrir los bienes autonómicos, estableciendo responsabilidades claras y reforzando los deberes de colaboración y custodia. Este nuevo marco jurídico garantiza una mayor defensa del patrimonio común y aporta seguridad jurídica a su gestión.
Carolina España ha agradecido tras el debate en el Pleno del Parlamento el esfuerzo y dedicación de los funcionarios y directivos de la Consejería para sacar adelante esta norma, "que es el resultado de un intenso trabajo técnico y de diálogo, con la participación de más de una treintena de entidades y el respaldo de todos los órganos consultivos". Así, ha resaltado que el Consejo Consultivo de Andalucía ha valorado especialmente su rigor técnico, su coherencia y su carácter innovador.
