La Marea Blanca del Área Sanitaria de Osuna ha vuelto a concentrarse esta mañana a las puertas del Hospital de la Merced para protestar contra lo que consideran una degradación planificada de la sanidad pública en la zona. Los asistentes han denunciado las carencias estructurales que sufre el centro hospitalario y la red de atención primaria, vinculando esta situación a una estrategia de privatización y gestión deficiente por parte de la Junta de Andalucía. Durante el acto, se han repartido folletos informativos para desmentir las versiones oficiales sobre la inversión sanitaria en la región.
Críticas a las demandas sindicales
Los portavoces del colectivo han analizado las actuales movilizaciones de los profesionales médicos, señalando que, aunque comparten la necesidad de mejoras laborales, mantienen "enormes discrepancias" con los sindicatos convocantes de la huelga. El punto de mayor fricción reside en la petición sindical de facilitar la compatibilidad entre el ejercicio en el sector público y el privado, algo que la Marea Blanca considera incompatible con la defensa de un sistema cien por cien universal y equitativo.
Contra el estatuto propio médico
Otro de los ejes de la protesta ha sido el rechazo a la creación de un estatuto propio para el personal médico, una demanda que otros sectores sanitarios ven con recelo por romper la unidad del estatuto marco actual. Según el colectivo civil, las prioridades deben centrarse en cubrir las bajas, reducir las listas de espera en especialidades y reforzar los centros de salud que dan cobertura a municipios como Marchena o Estepa, donde la falta de facultativos es una constante denunciada por los usuarios.
Nueva movilización en el horizonte
Tras la lectura del manifiesto y el reparto de material informativo, la plataforma ha anunciado que la lucha por la sanidad pública tendrá un nuevo hito el próximo 12 de mayo. Esta fecha marcará la siguiente gran cita reivindicativa, en la que se espera la participación de colectivos sociales de toda la provincia. La organización insiste en que no cesarán en sus acciones hasta que el gobierno autonómico revierta las políticas que, a su juicio, están desmantelando el servicio público en beneficio de las empresas privadas.
