El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado los resultados de los dos primeros años de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y su actividad directa en la provincia, donde "el Gobierno de España ha invertido 270M€ en infraestructuras en 2024, la mayor cifra de los últimos 15 años en Sevilla", según ha dicho sobre una de las mayores líneas de actuación en la provincia.
En total, la inversión en infraestructura ha movilizado 1.049 millones de euros desde 2018, un montante que ha alcanzado 270 millones de euros en 2024 y 197 millones de euros en 2023, con más de 467 millones de euros en licitaciones durante esta primera mitad de legislatura destinados a el desbloqueo de infraestructuras como la SE-40, la renovación del puente Centenario y el proyecto del tercer carril de la AP-4.
“Reforzar el sistema de protección social y mejorar el empleo estable y las pensiones han sido algunas de las claves para avanzar hacia un modelo más justo y con mayores garantías para toda la ciudadanía”, ha expresado el subdelegado del Gobierno sobre la inversión en políticas sociales que han beneficiado a la provincia, según se desprende del último informe “Cumpliendo” publicado por el Gobierno de España, donde las cifras reflejan una evolución positiva en varios indicadores clave del mercado laboral y el sistema de protección social de la provincia.
“La afiliación a la Seguridad Social ha experimentado un notable crecimiento del 13,8% desde 2018 y Sevilla ha alcanzado los 832.164 afiliados, mostrando no solo una recuperación sostenida sino también una mejora en la calidad del empleo, y tras la reforma laboral los contratos indefinidos se han disparado un 378%”, ha apuntado Toscano sobre la mejoría del mercado laboral sevillano, que en 2019, justo antes de la reforma laboral, solo registró 59.000 contratos indefinidos.
En materia de pensiones, la pensión media de jubilación ha aumentado en 393 euros, alcanzando los 1.419 euros mensuales en 2025. Este incremento supone una mejora significativa en el poder adquisitivo de los pensionistas durante estos siete años.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), el informe señala que, en los últimos cinco años, un total acumulado de 249.000 personas han sido beneficiarias. De este colectivo, el 42% son menores de edad y el 53% mujeres. Los hogares que más frecuentemente reciben esta ayuda son aquellos compuestos por dos adultos y dos menores, un perfil que evidencia las necesidades sociales específicas a atender. Por último, el bono social eléctrico, una ayuda fundamental para los hogares más vulnerables, se ha incrementado aproximadamente un 7% anual, contribuyendo a mitigar el impacto del coste energético en las familias con menos recursos.
